El vínculo entre Boudou y el dueño de Ciccone se confirma

Se confirma el vínculo entre Boudou y el dueño de Ciccone

Un socio del titular de la imprenta aparece como deudor de Boudou en la última declaración jurada de bienes del vicepresidente. Además, es el inquilino de uno de los pisos que tiene en Puerto Madero.
Un socio que es además uno de los mejores amigos del monotributista Alejandro Vandenbroele (dueño de la ex Ciccone Calcográfica) es inquilino del vicepresidente, Amado Boudou, e incluso su deudor: le debe 10.000 pesos, o al menos así consta en la declaración jurada 2010 del funcionario.
El tercer hombre en la trama del “Caso Ciccone” se llama Fabián Carosso Donatiello, es empresario, argentino con ciudadanía europea, tiene 41 años.
Carosso Donatiello es amigo de Vandenbroele y fue gracias a éste que conoció a Boudou.
Las relaciones comerciales y humanas de Carosso Donatiello con Boudou confirman el vínculo que existe entre el vicepresidente y el monotributista Vandenbroele, dueño de la imprenta privada más importante del país, quien está a la espera de que el Gobierno le confirme un negocio de 50 millones de dólares: la confección de billetes de cien pesos. Y busca contratos por unos US$ 80millones.
Laura Muñoz, ex esposa de Vandenbroele, denunció hace 12 días que su ex pareja “es testaferro de Boudou”, y dijo que tenía pruebas para presentar en la Justicia.
Muñoz contó ahora a Clarín que Carosso Donatiello, el inquilino de Boudou, “es como un hermano para Vandenbroele”.
Ambos son abogados. Vivieron y trabajaron juntos en España, e hicieron muchos viajes juntos, como uno en el que recorrieron Portugal. Según reveló la Revista Noticias en su último número, el vice le alquiló además a Donatiello su departamento en Puerto Madero.
En la declaración jurada del 2010 de Boudou figura que Carosso Donatiello le debe 10 mil pesos en concepto de “alquileres a cobrar dpto.”.
En el 2007, Carosso Donatiello y Vandenbroele se transformaron en socios.

Constituyeron “Agroibérica de Inversiones SA”, con domicilio en San Miguel Tucumán, y también en Madrid. El objeto social de esa S.A. es múltiple.
El abogado Ricardo Monner Sans encontró el acta de creación de “Agroibérica de Inversiones” en el boletín oficial de Tucumán. Según ese documento, la sociedad fue creada para la “elaboración, distribución, comercio e importación y exportación de alimentos y bebidas y de todo tipo de productos”; para la “administración” y “adquisición” de valores mobiliarios y participaciones sociales de empresas”; y para administración “de fondos propios de entidades” no residentes en España.
Vandenbroele es argentino, vive aquí, pero tiene la vez la ciudadanía de la Unión Europea.
Para crear la sociedad “Agroibérica de Inversiones” usó su pasaporte de extranjero x2819190b: esa es solo una de sus muchas sociedades.
Su currículum, que alguna vez estuvo subido a la web del estudio Alfaro, en el que trabajó, lo describía como experto en “inversiones”.
Según consta en un expediente tucumano, Vandenbroele creó “Agroibérica de Inversiones” con un capital de 60.800 euros.
En un viaje que hizo en el 2007 junto a su entonces esposa a Rosario, donde vivía la familia de Carosso Donatiello, Vandenbroele creyó de golpe que había perdido un dinero en efectivo que le llevaba a los Carrosso. Eran 60 mil euros que después encontró.
La sociedad con la que Vandenbroele controla Ciccone, llamada “The Old Fund”, fue creada con un capital inicial de 30 mil pesos.
Vandenbroele está inscripto ante la AFIP como monotributista, categoría B, es decir que podría facturar 15 mil pesos por año.
A pesar de eso, fue la propia AFIP la que le permitió entrar a la ex Ciccone tras levantarle una quiebra a la empresa que le había sido dictada el mismo organismo público.
“Vengo por impulso del Gobierno”, les dijo Vandenbroele a empleados de Ciccone en al menos tres oportunidades, y agregó que su vínculo con la Casa Rosada “es Boudou”. Hay decenas de testigos de esas escenas.
El primer trabajo de la nueva Ciccone fue imprimir las boletas electorales del Frente para la Victoria.
Clarín publicó hace seis meses que fue el socio de Boudou en dos empresas, José María Núñez Carmona, quien negoció con los acreedores de Ciccone para que acepten la llegada a la compañía de Vandenbroele. Esa información nunca fue desmentida, del mismo modo que desde hace doce días Boudou eligió el silencio a las explicaciones frente a las sospechas generadas alrededor del “Caso Cicccone”.
Clarín llama desde hace dos semanas a Vandenbroele pero éste no responde.
El juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo investigan a Boudou por “violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos”. Son delitos que podría haber sido cometido en algunas de las operaciones que se contaron en esta nota.

Fuente Clarín

Vinculan a Boudou con firma que negocia millones con el Estado

Vinculan a Boudou con firma que negocia millones con el Estado


DOS CONOCIDOS, RELACIONADOS A LA SOCIEDAD QUE SE QUEDO CON LA EX CICCONE

Es una papelera que proveería la mitad de los billetes de 100 pesos que se harán este año en el país por u$s50 millones.
"Él mismo me lo ha dicho, tengo pruebas de los negocios. Mi esposo es testaferro de Boudou, él trabaja directamente para el Gobierno. Iban a poner una consultora para que el Gobierno le pasara las cosas ahí". Esta declaración pertenece a Laura Muñoz, esposa del abogado Alejandro Paul Vandenbroele, el supuesto "socio" del vicepresidente Amado Boudou.
La afirmación fue hecha en el nuevo programa que Jorge Lanata, y donde Muñoz sacó a la luz la relación comercial entre el abogado y Boudou. Vandenbroele figura como director de la empresa The Old Fund, una sociedad anónima que se creó en 2008 con un capital de sólo 30.000 pesos. En julio de 2011, The Old Fund pasó a controlar Ciccone Calcográf ica -ahora llamada Compañía de Valores Sudamericana- y hace pocos días obtuvo un contrato con el Estado para imprimir billetes (de $100) por alrededor de 50 millones de dólares. La ex Ciccone Calcográfica es la única impresora privada del país capaz de imprimir billetes y pasaportes, y la semana pasada fue beneficiada por la Casa de la Moneda, que recomendó al Banco Central su contratación para la provisión de la mitad de los billetes de cien pesos que se utilizarán este año. A esta empresa se la conoce como la "Casa de la Moneda Privada", por su gran capacidad de imprimir billetes.
También la ex Ciccone puede fabricar pasaportes, acciones de bolsa y hasta patentes de autos Muñoz también aseguró ayer que la relación entre Vandenbroele y el vicepresidente comenzó hace muchos años en Mar del Plata, donde compartían de jóvenes la playa y los boliches.
Además, varios acreedores de Ciccone -tras el pedido de quiebra y durante el proceso judicialhabrían recibido a José Núñez Carmona, abogado de Boudou, quien les habría sugerido de diversas formas que aceptaran en Ciccone a The Old Fund.

El Gobierno quiere "controlar" a los medios por la "incertidumbre económica"

Advierten que el Gobierno quiere "controlar" a los medios por la "incertidumbre económica"

La consultora de inteligencia estratégica Stratfor sostiene que la gestión K busca "amortiguar reacciones sociales extremas" frente a futuras "turbulencias económicas".
La agencia privada de análisis geopolítico Strategic Forecasting ("Stratfor") realizó esta semana un informe sobre la situación político-económica de Argentina de cara a los próximos meses. Según la consultora estadounidense, la nueva normativa que controla la producción del papel para diarios y la denominada Ley Antiterrorista son, en parte, producto de la "creciente incertidumbre económica".

"Como Argentina entra en un período de creciente incertidumbre económica, un mayor poder sobre los medios de comunicación le permitirá al Gobierno realizar un mejor control sobre la información disponible al público y, presumiblemente, ayudará a amortiguar las reacciones sociales extremas frente a las turbulencias económicas y los cambios de política", revela el reporte de la agencia creada por el politólogo George Friedman.
Stratfor, compañía que brinda informes y análisis de inteligencia a clientes como las Fuerzas Armadas de EEUU y a firmas como American Express, Goldman Sachs y Morgan Stanley, entre otras muchas, señala respecto de la Ley Antiterrorista que "el Gobierno argentino adopta en la ley una definición vaga y amplia de terrorismo, la cual preocupa a los medios quienes temen que sirva para perseguir a los periodistas que informan sobre cuestiones de interés nacional".
Y subraya: "En un país donde las protestas son frecuentes, el Gobierno utilizará sobre los medios cualquier palanca que pueda con el fin de mitigar el riesgo de inestabilidad".
Si bien la agencia norteamericana acepta como ciertas las compras ilegales de Papel Prensa y las acciones monopólicas del Grupo Clarín, remarca no obstante que la mayor controversia surge en la definición de "aterrorizar a la población", frase usada en el recientemente incorporado artículo "41 quinquies" del Código Penal.
"La presentación de informes sobre problemas económicos, la fuga de capitales en curso y los problemas de la inflación podrían ser interpretados, de esta manera, como "terrorismo". En casos en los que se sugiera a los argentinos convertir sus pesos a dólares, retirar el dinero de los bancos o bien tomar otras acciones para proteger sus bienes personales, podría ser terrorismo. Con la moneda de 2001 y la crisis económica todavía fresco en la memoria pública, esto no es un escenario poco probable", apuntan los especialistas de Stratfor.
Por último, el informe, al cual tuvo acceso , afirma que "el gasto impulsado por el Gobierno para la recuperación económica ha empezado a agotar las arcas del Estado". Y añade: "Argentina ha existido en un estado de continuo aumento del gasto público. La lucha para morigerar el efecto inflacionario por el exceso del gasto público ha llevado al Gobierno a subestimar las cifras de la inflación subyacente. Como resultado de ello, se anunciaron recortes en los subsidios para los bienes de consumo y una serie de restricciones en el intercambio de divisas".
Se concluye, asimismo, que con el "manejo de la publicidad oficial" en los medios y la "capacidad para hostigar burocráticamente", no serían necesarias de aplicar las nuevas leyes, sin embargo, un próximo "período de inestabilidad económica y social" sumado a la "reducción del crecimiento económico" junto con la recesión mundial proyectada, serían herramientas útiles para "controlar a la prensa".

La desinformación en los comunicados oficiales y el falso diagnóstico de Fernández de Kirchner

Desinformación en los comunicados oficiales de prensa y el falso diagnóstico de Fernández de Kirchner

Según lo pautado, el miércoles 4 de enero la Presidenta fue operada de lo que, se creía, era un carcinoma papilar de tiroides, habiéndosele practicado una tiroidectomía total. En el quirófano central del Hospital Austral, sobrecargado de médicos. Estuvieron los patólogos: doctores Daniel Eduardo Siguelboim y Alberto San Román, jefe del servicio. La escueta información oficial que se dio señaló que todo había marchado sobre rieles. Lo mismo sucedió con la convalecencia de la Presidenta, por lo que fue dada de alta en el mediodía del sábado 7 de enero. Fue allí entonces que ocurrió lo impensado cuando se informó que la Presidenta nunca había tenido un cáncer. La muy buena noticia sorprendió a la opinión pública y shockeó a la comunidad médica. Algunos que comprendieron lo que vendría hicieron saber la necesidad de dar una conferencia de prensa para explicar lo que había pasado: la respuesta que obtuvieron fue el no rotundo de la Presidencia. En esa Babel, nadie advirtió que la dinámica de los hechos que sobrevendrían a esta novedad no se puede manejar por decreto.
La mezcla de incredulidad, sorpresa, polémicas médicas y, entre otras cosas, desencadenaron el enojo presidencial. Ya se sabe que el enojo es la dínamo de gran parte de las conductas reactivas de la Presidenta y muchos de sus colaboradores. En consecuencia, se dio la orden de difundir el informe histoanatomopatológico de los doctores San Martino y Balsells. A esa altura, el concepto de falso positivo había pasado a formar parte del acervo informativo de los argentinos. El diagnóstico de la Presidenta había sido un falso positivo, cuya incidencia es del 1% al 2% de los casos.
En un quirófano tan recargado de gente, y ante una situación que no dejaba bien parado al equipo médico actuante, hubo quienes empezaron a contar detalles de lo que pasó durante la operación. Nos tocó saberlo y contarlo.
Esto enfureció al Gobierno, a sus medios afines, a la Unidad Médica Presidencial y afectó al Hospital Austral. El miércoles, las versiones de renuncia del jefe de la Unidad, Luis Buonomo, fueron muy fuertes. Terminaron cuando él mismo en respuesta a la consulta de una colega, dijo: “Estoy aquí con la Presidenta y en un rato sale un comunicado del Austral aclarando todo”. El comunicado salió unas tres horas después. No se sabe quién lo redactó; sí se sabe que lo aprobó la Presidencia. Es un comunicado que quedará en la historia por las dudas que genera y que, por ende, lejos de aclarar, oscurece. Vayamos a su análisis:

El punto uno dice:

“No hubo elementos suficientes surgidos del examen y de la revisión de los preparados de la punción citológica realizada a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, que obligaran a modificar el diagnóstico inicial de carcinoma papilar ni la indicación quirúrgica programada.”
Ya se ha relatado más arriba cómo fueron los hechos del análisis que hizo la doctora Lencioni, citóloga del equipo del doctor Saco. La redacción del párrafo, además, deja una entrelínea que confirma lo narrado en esta columna: en efecto, no se dice que no hubo elementos que obligaran a modificar el diagnóstico, sino que “no hubo elementos suficientes”. Es decir que algo hubo que generó dudas, pero que no fue suficiente. Ante esa circunstancia, ¿por qué no se optó por una nueva punción biopsia? ¿Por qué no se pidió una nueva opinión, como es de rutina en estos casos?

El segundo punto del comunicado expresa lo siguiente:

“Durante la exploración quirúrgica se constataron los nódulos conocidos del lóbulo derecho, así como la presencia de un nódulo palpable en el lóbulo izquierdo y adenopatías visibles en el área recurrencial derecha y pretraqueal. De acuerdo con esos hallazgos, se decidió la realización de una tiroidectomía total junto con linfadenectomía del sector VI (recurrencial derecho y pretraqueal), extirpándose la pieza operatoria en un solo block.”
En referencia al segundo punto, se hace necesaria una explicación técnica. Durante una operación como la que se le realizó a la Presidenta, el equipo médico actuante incluye al patólogo, que está allí para realizar lo que se denomina biopsia intraoperatoria. La forma cómo se procede es la siguiente: el cirujano, una vez que abre y se encuentra con la tiroides delante de sí, toma los nodulos y se los entrega al patólogo para que los analice en ese mismo momento.
El objetivo de este procedimiento es no sólo el de confirmar el diagnóstico previo, sino también el de examinar otras áreas de la glándula.
Por lo tanto, es de buena práctica que el patólogo le pida al cirujano que tome muestras de más de una zona a los fines de asegurar el diagnóstico.
Del análisis del punto dos de este comunicado, queda claro que aquí se actuó de una manera distinta, ya que se realizó la extirpación total de la glándula tiroides y de los ganglios adyacentes sin previa realización de la biopsia intraoperatoria.

Pasemos ahora al punto tres del comunicado:

“La biopsia por congelación realizada informó neoplasia folicular para el nódulo dominante del lóbulo derecho, y neoplasia folicular sospechosa de malignidad para el nódulo izquierdo, cuya histología definitiva se difirió. De acuerdo a este informe se dio por cerrada la cirugía.”
Del tercer punto, surge que el estudio biópsico que se hizo en el quirófano fue, en realidad, un estudio posoperatorio, ya que la tiroides había sido removida en su totalidad.
Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, se diría que fue algo sin sentido.
Pero lo sorprendente de este párrafo no termina ahí, ya que en él se habla de una “neoplasia folicular sospechosa de malignidad” en el nódulo hallado en el lóbulo izquierdo. Ese decir que aquí nos encontramos frente a un segundo falso positivo.
Hay que señalar que ese estudio se hizo con toda la pieza extraída y, por lo tanto, con suficiente cantidad de tejido.

Finalmente, el último punto del comunicado expresa:

“El informe anatomopatológico definitivo es el oportunamente comunicado; dicho informe fue revisado por Servicio de Anatomía Patológica del Instituto de Oncología Angel H. Roffo, de la Universidad de Buenos Aires, que coincidió plenamente con lo informado en el mismo.”
De lo expresado en el último párrafo del comunicado, llama la atención que no se informe quiénes fueron los patólogos del Instituto Roffo que examinaron la muestra, que ninguno de los patólogos que participaron de la operación firmara el comunicado del Austral y que no se conozca el informe anatomopatológico definitivo.
Llegamos así al final del análisis de este comunicado que nos ha permitido saber que, en el caso de la Presidenta, hubo un “nódulo palpable” en lóbulo izquierdo que no fue identificado en la ecografía; en vez de una biopsia intraoperatoria, como marcan las normas de práctica, se le hizo una posoperatoria, y en exámenes histoanatomopatológicos vistos por al menos siete patólogos, hubo dos falsos positivos.
Afortunadamente, como ya hemos dicho, la Presidenta no tiene cáncer y eso es una muy buena noticia.
En cambio, el manejo del caso y las confusas explicaciones públicas dadas al respecto no han hecho más que causar un desprestigio a la medicina argentina que inquieta a destacados profesionales que todavía no aciertan a comprender por qué pasó lo que pasó.