Lo que está en juego es la libertad

Lo que está en juego es la libertad

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION

Gendarmería y Canal 7 no tienen nada que ver, salvo que ninguno tomaría ninguna decisión sin previa autorización del gobierno nacional. Un juez de Mendoza y el grupo Vila-Manzano no tienen aparente relación, salvo que los dos están siendo ostensiblemente funcionales a los que gobiernan. Papel Prensa y Cablevisión carecen de relación, pero justo ayer el Gobierno pidió ante la Justicia la declaración indagatoria (con la amenaza del procesamiento, por lo tanto) de los directores de LA NACION y de Clarín por la compra, hace 35 años, de la fábrica de papel para diarios.
El poder ya ni siquiera se toma el trabajo de disimular que la famosa profundización del modelo consistía en perpetrar todas las venganzas pendientes y que ese proceso comenzaría el día después de inaugurado el nuevo mandato de Cristina Kirchner.
Es difícil recordar el anuncio de una medida de gobierno necesaria para la sociedad desde el 10 de diciembre hasta aquí, pero todos los días hay una novedad que da cuenta de una revancha o de una mayor acumulación del poder represivo del Estado. Las direcciones del rencor son explicativas por sí solas: los diarios independientes, mediante la eventual confiscación de Papel Prensa; el Grupo Clarín, por el allanamiento y virtual intervención de Cablevisión; el gremio de peones rurales por un proyecto de ley que cambió radicalmente sus condiciones, y los compradores de dólares o dueños de depósitos bancarios que quedaron a merced de una ley que podría calificarlos de terroristas.
El juez mendocino Walter Bento, que ordenó allanar e intervenir en los hechos a Cablevisión, dispuso que esa empresa fuera separada en todo el país de Multicanal en 60 días. Las órdenes se cumplieron con ayuda de la Gendarmería, custodiada desde el primer instante por las cámaras de Canal 7. Ni Cablevisión ni Fibertel operan en Mendoza; por eso, es más sospechosa la actuación de un juez que aceptó un recurso de un grupo periodístico supuestamente independiente. El grupo Vila-Manzano tiene canales y radios en todo el país, incluida la Capital, donde son dueños de América TV, de un canal de noticias y de radios, en sociedad con Francisco de Narváez.
Ese grupo, de origen mendocino, está habilitado incluso para no acatar la nueva ley de medios, que está plenamente vigente, con excepción del artículo 161, que ordena la inmediata desinversión de los actuales dueños de canales y radios. La novedad, entonces, es que el Gobierno cuenta ya abiertamente con la complicidad de otro grupo de medios, beneficiario también de una generosa pauta publicitaria.
Multicanal fue absorbido por Cablevisión hace cuatro años, luego de que Néstor Kirchner diera la autorización política para su fusión. La autorización formal fue firmada por Guillermo Moreno, ya secretario de Comercio Interior, el mismo funcionario que ahora lidera la ofensiva contra Papel Prensa, contra Cablevisión y contra el Grupo Clarín en particular. La separación ordenada ahora por el juez Bento es imposible o sólo posible a cambio de dejar sin servicio a la mitad de los abonados a Cablevisión.
"El Gobierno está quitando lo que él mismo dio sólo porque se encontró con nuevos enemigos. Tales arbitrariedades deberán ser resueltas por la Justicia, que debería ocuparse de otras cosas", reflexionó uno de los jueces de la Corte Suprema. Desde la segura ley que podría terminar con la confiscación de Papel Prensa hasta el manotazo a Cablevisión, todo caerá, tarde o temprano, en manos de los jueces del máximo tribunal del país.
Carlos Kunkel acuñó ayer una definición antológica: alguien que pone una bomba es sólo "un técnico en explosivos", pero quien cambia dólares, retira sus depósitos del banco o ejerce una protesta contra el Gobierno puede ser un terrorista. La ley que sancionará el Congreso no reconoce las tipificaciones de terrorismo diseñadas por las Naciones Unidas ni explicitadas en los tratados internacionales suscriptos por la Argentina. Va mucho más allá de lo que pidió el GAFI, el ente internacional que combate el lavado de dinero. La ley no fue hecha para conformar al GAFI, sino para darle al Gobierno instrumentos de represión para disciplinar a la sociedad. Es una ley que terminará, en manos del Gobierno o de sus jueces amigos, dañando seriamente las libertades personales y públicas.

Venganzas

"Es una ley propia de una dictadura", disparó el diputado radical y reconocido jurista Ricardo Gil Lavedra. Gerónimo Venegas, el viejo caudillo del sindicato de peones rurales, fue más allá cuando habló de la ley sobre sus afiliados: "Por vengarse de mí están cometiendo una traición a la patria". Venegas es un histórico adversario del Gobierno y participó activamente en favor de los productores rurales cuando éstos enfrentaron al gobierno de Cristina Kirchner, en 2008.
Es la libertad, en última instancia, lo que está en riesgo con esa ley sobre el terrorismo y con las reiteradas medidas sobre los medios. Sin ese agravio, el Estado no podría aplicar jamás la revancha ni acallar a sus críticos. El jefe del bloque de senadores radicales, Luis Naidenoff, contó que buscó una explicación entre los senadores peronistas por la urgencia que le imponían a la inconstitucional ley contra Papel Prensa. "No busques más. Hay cuentas pendientes", le contestó uno de los peronistas, según el senador radical. Esto es: entre los derechos que da la victoria está el de la venganza.
Hubo otras noticias más indirectas, pero sospechosamente vinculadas con el mismo propósito. Hace un año, Cristina Kirchner acusó públicamente a los dueños privados de Papel Prensa de delitos de lesa humanidad en el proceso de compra de esa empresa a la familia Graiver. No aportó más que el testimonio interesado de quienes no eran ni son herederos de David Graiver ni de sus padres. El Gobierno hizo luego una denuncia ante la justicia federal de La Plata y envió al Congreso el proyecto de ley confiscatorio que se está tratando en estos días. La causa judicial cambió de manos y está ahora en los tribunales federales de la Capital, en el juzgado del magistrado Julián Ercolini.
Ante este juez, el Gobierno insistió ayer en su denuncia de hace un año y pidió la declaración indagatoria de los directores de LA NACION, Bartolomé Mitre, y de Clarín, Ernestina Herrera de Noble. El Congreso está sancionando la ley pedida por Cristina hace un año. Nada se olvida en el kirchnerismo.
¿Sólo eso? No. La jueza Sandra Arroyo Salgado se constituyó en el despacho de la diputada Elisa Carrió, anteayer, para preguntarle si sabía quiénes eran los padres biológicos de los jóvenes Noble Herrera. La magistrada se respaldó en una vieja declaración pública de Carrió, en la que señaló que esos jóvenes eran víctimas de la persecución del Gobierno. Arroyo Salgado demoró inexplicablemente el proceso de entrecruzamiento de datos genéticos desde que se comprobó que los hijos de la directora de Clarín no tienen vínculos de sangre con los datos que pertenecen al período de su nacimiento. Todo se hizo luego lento y farragoso. No hay voluntad de cerrar el caso, aunque se siga exponiendo a esos jóvenes a una cruel y vejatoria exposición pública.
Carrió le anticipó a la jueza que está investigando la gestión de la propia magistrada y la de la fiscal, porque la diputada está convencida de que el calvario de los Noble Herrera fue siempre (también en tiempos de Menem) una operación de los servicios de inteligencia. No puede desconocérsele a Carrió la coherencia de pensamiento. Incluso ahora que parecen escasear esos atributos entre quienes la sucedieron al frente de la Coalición Cívica.
La libertad está siendo reemplazada por la persecución y la represalia. Con pocas excepciones (Patricia Bullrich y Eduardo Amadeo, entre otros), la oposición se limita a contemplar y lamentar; a veces, no hace ni eso. Ninguna acción conjunta ni reacción llamativa. Como sucedió en la Venezuela de Hugo Chávez, los opositores lanzarán la resistencia cuando sea demasiado tarde.
Cuesta imaginar que semejante ofensiva sea liderada por la misma persona que creó una Corte con figuras independientes y prestigiosas y que limitó el número de miembros del tribunal. "El Gobierno no tiene por qué nombrar más jueces ni necesita tener jueces amigos", nos dijo la entonces senadora Kirchner a un grupo de columnistas cuando presentó el proyecto que reducía de nueve a cinco los jueces de la Corte. ¿Qué pasó desde aquel entonces para que hasta la libertad haya cambiado su nombre y su sentido?