Por Luis Majul.
El nuevo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner parte de una premisa falsa desde la que se monta toda la maquinaria política.
El presupuesto engañoso de que estamos frente a una administración débil y constantemente amenazada por "las corporaciones" o "los poderes concentrados". Poderes que están aguardando, agazapados, para regresar y "castigar al pueblo". Un "pueblo" que, como es obvio, sólo puede seguir gozando del bienestar conquistado mientras continúe este proyecto "nacional, popular y democrático" que encarna la jefa del Estado, única depositaria del histórico triunfo electoral.
Lo dijo el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, para darle cierta mística al apoyo de los intelectuales que piensan como él, y que probablemente, a estas alturas, sientan cierta incomodidad al tener que fundamentar su oficialismo acrítico: "Este es un gobierno débil, aunque haya ganado con el 54% de los votos". Lo planteó también el diputado nacional Carlos Heller, un hombre siempre dispuesto al debate, cuando explicó su apoyo a la prórroga de la emergencia económica, que le seguirá permitiendo a esta administración continuar manipulando miles de millones de pesos sin pasar antes por la aprobación del Parlamento.
Heller afirma que no se puede estar esperando la autorización de la mayoría del Congreso cuando el mundo en general, y los Estados Unidos y algunos países de Europa en particular, están prenunciando una crisis que, en cualquier momento, podría impactar en la Argentina.
¿Puede considerarse en emergencia un país con una economía que viene creciendo, de manera ininterrumpida, desde hace más de ocho años?, le pregunté. Pero Heller considera que la declaración de emergencia es absolutamente necesaria. Y que todo el paquete económico que se pretende aprobar en menos de una semana es un instrumento imprescindible para seguir convalidando una "inversión social" que sirva para equiparar la brecha entre los demasiado ricos y los más pobres.
Si por un momento se aceptara la lógica de Heller, cabe preguntarse qué tipo de acciones impulsará el Gobierno ante la desaceleración económica que se pronostica para el año que viene? ¿Irían sus funcionarios casa por casa para comprobar quiénes merecen seguir recibiendo los beneficios del modelo y quiénes representan la encarnación del mal?
Pero lo más interesante, ahora que se mantiene la euforia triunfalista, es plantear cuáles son las ventajas y los beneficios de presentarse como un gobierno débil. El beneficio más evidente, como se acaba de demostrar, es que sirve para justificar la emergencia, las excepciones, las medidas de Guillermo Moreno y casi cualquier otra cosa, incluida la ineficacia de los años anteriores. Por ejemplo, la demora en designar a Nilda Garré como ministra de Seguridad fue explicada, en su momento, con el falso argumento de que antes el Gobierno no era lo suficientemente fuerte como para plantarse ante la cúpula de la Policía Federal y conducirla con la lógica de los civiles que defienden una fuerza de seguridad democrática. Así, los años en que el problema de la inseguridad fue ignorado por el gobierno nacional pueden ser justificados por esa sola construcción intelectual y emocional. También le sirve, a la propia Garré, para darle clases de cómo combatir la inseguridad a Daniel Scioli, y de paso hacerlo aparecer como un gobernador que convive con los negocios y la corrupción de la cúpula de la Policía Bonaerense. Y todo eso, sin hablar de la ineficacia de la propia fuerza de seguridad que ella maneja.
Un inteligente aliado del gobernador, el legislador provincial Fernando "Chino" Navarro, usa ahora el mismo tipo de argumentos para explicar por qué antes Scioli apoyaba una policía comandada por un uniformado y ahora está convencido de que lo mejor que puede hacer es darle la responsabilidad a un civil. "Esta es una asignatura pendiente del poder político: conducir a las policías en el marco de los preceptos democráticos", interpretó Navarro el giro de Scioli. De esta manera, ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial terminan de asumir la responsabilidad por los errores que cometieron o por lo que no hicieron años antes. Es como tener a la oposición y el oficialismo en una misma fuerza política y en el seno de la propia administración. Nunca habrá una alternativa. Sólo hay "asignaturas pendientes" que tarde o temprano el cristinismo va a aprobar. Porque llegará el momento oportuno o el "contexto político" se presentará como favorable. Eso me respondió Néstor Kirchner una tarde de 2004, cuando le pregunté por qué seguía estableciendo alianzas con los principales barones del conurbano, si en el fondo los despreciaba. "Por ahora los necesito. Y soy demasiado débil para enfrentarlos. Cuando estemos en condiciones de hacerlo, lo vamos a hacer."
Cristina Fernández, en efecto, cree que ahora está en condiciones de enfrentar y vencer a Hugo Moyano con la misma lógica política que usó el ex presidente Kirchner para combatir y doblegar a la anterior Corte Suprema de Justicia y a dirigentes sindicales como Luis Barrionuevo. Se trataría de una "pelea" de la dirigente política que tiene el mayor porcentaje de imagen positiva de la Argentina contra la figura pública que ostenta el mayor porcentaje de imagen negativa y rechazo social. Pero, sobre todo, lo podría hacer porque su popularidad y su poder político hacen creíble el relato oficial, aunque esté compuesto por medias verdades.
Una verdad completa, por ejemplo, es que una buena parte del poder de Moyano fue facilitado por el propio Kirchner, igual que una buena parte de los negocios del Grupo Clarín fueron convalidados por el ex presidente en 2007. ¿No merece ser incluido esto en el debe del gobierno que asumió en 2003 y cuya gestión todavía se reivindica?
Una verdad completa debería presentar a este nuevo gobierno como uno de los más poderosos en toda la historia de la Argentina. Tiene mayoría propia en el Parlamento. Todas las oficinas públicas le responden más allá de las normas y las leyes. La mayoría de los jueces federales no quieren o no pueden condenar a los funcionarios acusados de corrupción y otros delitos. Se está por asestar un duro golpe a la libertad de expresión con el argumento insostenible de que el Estado va a facilitar el acceso al papel de diario para todos. Manejan el Banco Central y controlan la importación, la exportación y el tipo de cambio de manera policial. La Corte Suprema de Justicia, que hasta hace poco era percibida como un contrapeso necesario, no puede hacer cumplir los fallos de reponer en su cargo al ex procurador general en Santa Cruz ni que se le otorgue publicidad oficial a un medio independiente como Perfil.
¿Alguien se puede tragar la versión de que éste es un gobierno débil atacado por las corporaciones, los poderes concentrados, la corpo mediática y otros fantasmas funcionales al discurso oficial?
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