La Justicia amplió la medida cautelar de Clarín y frustró los planes para el 7D
La Cámara Civil y Comercial sostuvo que no se puede obligar al grupo a desinvertir, al menos, "hasta que se dicte sentencia definitiva"; rechazó además todas las nuevas recusaciones del Gobierno y denunció "conductas reñidas con la buena fe"
n una decisión que conmocionó al Gobierno, la Cámara Civil y Comercial Federal extendió ayer la medida cautelar que protege al Grupo Clarín y le impidió así al Poder Ejecutivo obligarlo a desinvertir de inmediato.
Faltaban sólo horas para el 7-D cuando la Casa Rosada recibió la noticia que temía. Clarín no podrá ser obligado a desprenderse de licencias, al menos, "hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa", declaró la Cámara. Es decir que la ley de medios, en lo que afecta a las licencias de Clarín, queda suspendida por lo menos hasta que el juez de primera instancia Alfonso resuelva el pedido del grupo de declarar inconstitucionales dos de sus artículos.
El fallo de ayer lo firmaron dos camaristas, hasta ahora casi desconocidos fuera del mundo de los tribunales, a quienes el Gobierno había intentado apartar del caso: Susana Najurieta y Francisco de las Carreras, denunciado además ante la justicia penal por supuestas "dádivas" de Clarín.
Ellos sostuvieron que el levantamiento de la cautelar "causaría un perjuicio irreparable" para el multimedios en este momento, que juzgaron "crítico", porque -sostuvieron- la sentencia de primera instancia está casi en condiciones de ser dictada. Pero, además, le advirtieron al Gobierno que desconocer los efectos de la medida cautelar podría ser considerado por el tribunal "como desobediencia", y llamaron la atención de una de sus abogadas por "conductas reñidas con la buena fe".
El párrafo central del fallo dice:
"Corresponde admitir lo solicitado prorrogando la vigencia de la medida cautelar hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa, a fin de no alterar significativamente las circunstancias y asegurar la utilidad, oportunidad y eficacia del fallo que habrá de recaer en los autos principales".
Para llegar a esta resolución, los camaristas deliberaron todo el día. La decisión de darle la razón a Clarín ya estaba tomada, pero no tenían definido hasta cuándo extender la cautelar; si hasta la sentencia, como lo hicieron, o por un plazo determinado, que hubiera podido resultar menor, relató un funcionario que conoció de cerca los entretelones de la jornada.
Mientras afuera diluviaba, en la planta baja del Palacio de los Tribunales los camaristas iban y venían por los pasillos; entraban y salían de reuniones que duraron todo el día. Estaban serios. Anteayer, el ministro de Justicia, Julio
Alak, les había advertido públicamente que fallar en favor de Clarín sería un
"alzamiento". Pasado el mediodía, como escrito para ellos, llegó el comunicado de la Comisión de Protección de Independencia Judicial de la Corte.
Para decidir la extensión de la cautelar, los camaristas debían resolver antes qué hacer con las nuevas recusaciones presentadas por el Gobierno, que anteayer, en una jugada inesperada, volvió a pedir el apartamiento de todos los jueces de la Cámara.
Si seguían los trámites habituales y le daban curso a esta presentación, debían derivar el tema a magistrados de otro fuero. De ese modo, no hubiera sido posible un fallo antes de hoy. Pero la Cámara tomó otro camino: rechazó in limine todos los planteos, en una resolución de dos páginas que se conoció junto con la ampliación de la cautelar.
En ese breve escrito, le llamó la atención con dureza a la abogada de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), por haber "presentado pretensiones que se consideran obstructivas, meramente dilatorias y reñidas con la buena fe procesal". Además, le recordó que su conducta iba en contra de lo señalado por la Corte, que había pedido resolver los planteos pendientes con celeridad.
Las nuevas recusaciones las resolvieron De las Carreras y Graciela Medina, la jueza a la que el Gobierno cuestionó por estar casada con un abogado que había asesorado al Grupo Clarín. Habían sido presentadas por la Afsca, que se incorporó al proceso esta semana y replicó las recusaciones de la Jefatura de Gabinete, que ya habían sido desestimadas.
Sólo una era nueva, la de Najurieta, que hasta ahora no había sido cuestionada, pero esta semana rechazó las recusaciones de sus pares, cosa que cayó muy mal en el Gobierno. A ella la recusaron "sin causa". Según la Cámara, este planteo fue "manifiestamente improcedente" porque el Estado nacional ya había usado su derecho a recusar sin causa (que se puede utilizar una sola vez) para correr del expediente a Martín Farrell, que luego renunció.
La Cámara también rechazó por "manifiestamente inadmisibles" los pedidos para que se revieran y se anularan los rechazos de las recusaciones originales.
Ahora, el Gobierno apuesta a estrenar con éxito el per saltum y que la Corte le abra un camino para revertir cuanto antes el fallo de ayer..
Tras el fin del 7D suspenden el plan de adecuación para los otros grupos
Estupfecatos. Así quedaron los directores kirchneristas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), al conocer el fallo de la sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal, que extendió la medida cautelar que favorece al Grupo Clarín, y terminó con el denominado 7-D.
Anoche, el rostro de Martín Sabbatella, presidente del organismo, todavía reflejaba aquel estupor. El funcionario dio una entrevista al noticiero de Canal 7 y participó junto con el ministro de Justicia, Julio Alak, del programa kirchnerista 6,7,8. "El fallo es una vergüenza. La Afsca se presentará mañana a la mañana (por hoy) ante la Corte para que se aboque a esto y resuelva".
Además, se reunirá primero con su equipo, y luego con el directorio para decidir una prórroga del plazo de adecuación para el resto de los licenciatarios que transgreden lo dispuesto por la ley de medios. Será la muerte definitiva del 7-D. Y todos los reglamentos y resoluciones sobre los que Sabbatella habló durante horas en las últimas semanas quedarán en desuso.
El funcionario ya no tendrá que esperar hoy hasta las 24 -como había anunciado- que todos los grupos presenten sus planes de adecuación. Entre esas empresas que aún no cumplieron con el trámite está Telefé, controlada por Telefónica de España.
También quedaría en suspenso el análisis de las propuestas hechas por José Luis Manzano y Daniel Vila (quieren repartirse las licencias entre ellos y con los hijos y el hermano de Vila); por las familias Ick, de Santiago del Estero, y Jenefes, de Jujuy, que siguieron una estrategia similar. También quedará la incógnita sobre cuántas emisoras tiene Raúl Moneta, que compró más de diez radios en 2010 y hoy declara tres emisoras él y otras tres sus hijos.
Sabbatella lamentó ayer que "la justicia argentina no esté preparada para pelear con las corporaciones porque gran parte está colonizada por esas mismas coporaciones. Esto demuestra que teníamos razón cuando dijimos que los jueces que viajan a Miami financiados por Clarín terminan convertidos en su equipo jurídico", afirmó el funcionario, visiblemente afectado por la novedad. No obstante, el ex intendente de Morón y diputado nacional en uso de licencia pidió que
"esta dilación no arruine la alegría de la fiesta de los derechos humanos", que se realizará pasado mañana en la Plaza de Mayo.
Ayer, después del mediodía, la abrumadora mayoría kirchnerista del Afsca (donde está pendiente todavía la designación de uno de los dos representantes por la oposición previstos en la nueva norma) ya temía lo peor. El gobernador del Chaco y director de Afsca, Jorge Capitanich, debió volar de urgencia a Buenos Aires. Conocida la sentencia de la justicia federal, el mandatario provincial afirmó enojado: "Es una justicia dependiente de corporaciones que pagan con favores, intereses y prebendas a sus empleados".
A las 19, la mayoría kirchnerista invitó a Marcelo Stubrin, director del organismo por la UCR, a una reunión de directorio que se centró básicamente en la redacción de un comunicado. El radical no lo firmó.
En ese texto, aprobado "por mayoría", Afsca sostuvo que el fallo "constituye un precedente nefasto y lamentable que pone un manto de sospecha ineludible en el funcionamiento de la Justicia". Además, acusó: "Es ésta una expresión más de una justicia elitista, corporativa y, en esencia, prebendaria. Una justicia que aún se resiste a producir los cambios profundos que se expresan en el seno de la sociedad y en gran parte de sus instituciones democráticas desde hace una década".
Además de Sabbatella y Capitanich, la mayoría kirchnerista en el Afsca está integrada por Ignacio Saavedra (dirigente de La Cámpora), Claudio Schifer y Eduardo Seminara (vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario).
"Extender la medida cautelar contradiciendo el espíritu y los plazos establecidos por la Corte es una maniobra dilatoria destinada a beneficiar a quienes se niegan a cumplir las leyes vigentes y constituye una afrenta a los intereses del país y del pueblo argentino", agregaron en el comunicado. Ese párrafo está destinado a un punto clave del fallo de la Cámara, que interpreta que cuando se resuelva la constitucionalidad de la ley, si resulta desfavorable para el Grupo Clarín, el plazo de un año previsto en el artículo 161 de la ley empezará a correr a partir de ese día y no podrá considerarse un plazo vencido..
