Hotesur: un juez le exigió información al Gobierno
La justicia contencioso administrativa aceptó un amparo de
Margarita Stolbizer, que apunta a la sociedad que administra el hotel de
Cristina Kirchner
La investigación sobre las actividades de la empresa Hotesur
genera desde hace meses un enorme revuelo porque pone en foco a la
administración nacional, debido a que tiene bajo la lupa a familiares de la
presidente de la Nación.
El tema vuelve ahora al centro de la escena por una nueva
decisión judicial: el juez Pablo Cayssials hizo lugar a un amparo de la
diputada Margarita Stolbizer y ordenó que el Ministerio de Justicia le entregue
información sobre los estados contables de la sociedad.
La legisladora accionó legalmente para que se conozcan datos
que la Inspección General de Justicia (IGJ) conserva sobre Hotesur, y si
efectivamente la firma pagó una multa de $3.000 que le fue aplicada por no
haber proporcionado -en tiempo y forma- balances ni datos de la renovación del
directorio.
El magistrado aceptó el amparo y -apunta Clarín- obligó al
organismo a informar sobre "los estados contables presentados por la
sociedad mencionada (Hotesur) y a facilitar copias de todas las
actuaciones" que sobre la firma existan en la IGJ.
El aval judicial a la presentación de Stolbizer abre la
posibilidad de que se rompa el bloqueo informativo que comenzó a advertirse en
2012, cuando, por orden del ex subsecretario de Coordinación y Control
Registral del ministerio de Justicia, Ernesto Kreplak, el organismo que
controla todas las sociedades y organizaciones civiles registradas en la
Capital Federal comenzó a negar el acceso a datos públicos de las empresas
vinculadas al gobierno que estaban sospechadas por corrupción; entre ellos
puede incluirse todo lo que ocurrió en torno a la pesquisa por el Caso Ciccone.
La causa Hotesur generó numerosos episodios resonantes en lo
que va del año: la empresa familiar de Cristina Kirchner comenzó a ser
investigada por lavado de dinero por el juez Claudio Bonadio, quien en julio
fue apartado del proceso tras una controvertida decisión de la Cámara Federal.
El magistrado fue desplazado (por dos votos a uno) horas
antes de que pudiera acceder a información sensible que había obtenido tras una
serie de allanamientos realizados en Santa Cruz y en la ciudad de Buenos Aires.
Todo quedó ahora en manos del juez federal Daniel Rafecas.
