La iniciativa, que también alcanza a los titulares de
Cámaras Empresariales, promueve que sean alcanzados por el mismo tipo de
delitos que los funcionarios públicos, especialmente el delito de
enriquecimiento ilícito.
La diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica
ARI-Cambiemos) presentó hoy un proyecto de ley para que sindicalistas,
titulares de Obras Sociales y de Cámaras Empresariales, estén obligados a
presentar su declaración jurada de bienes y que contempla que se pueda promover
una investigación judicial ante posibles enriquecimientos injustificados.
La iniciativa se anuncia el mismo día que las centrales
obreras realizaron la primera protesta masiva contra el gobierno de Mauricio
Macri. Entre los reclamos expresados por los líderes gremiales se mencionó el
impuesto a las Ganancias, la inflación y los despidos.
La propuesta de Carrió establece que "las autoridades y
representantes legales de organizaciones sindicales, empresariales (cámaras,
asociaciones, federaciones, confederaciones y otras formas de agrupación
corporativa) y de las obras sociales" deberán presentar declaraciones
juradas "por los cinco períodos fiscales anteriores a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley".
Asimismo, la iniciativa propone que los sujetos mencionados
sean pasibles de ser alcanzados por el mismo tipo de delitos que los
funcionarios públicos, especialmente el delito de enriquecimiento ilícito.
La iniciativa, que actualiza un proyecto ya presentado en
otros períodos parlamentarios por la diputada, busca ampliar el listado de
sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes y que también
garantice el acceso rápido, libre y gratuito a la Justicia de todo ciudadano y
la posibilidad de promover la investigación judicial ante posibles
enriquecimientos injustificados en la función pública o en el ejercicio de
cargos o actividades con relevancia para el interés público.
Entre otras cuestiones, establece que será reprimido con
reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento al
ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta
perpetua, "el que al ser debidamente requerido, no justificare la
procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona
interpuesta para disimularlo", incluyendo de esta manera a eventuales
testaferros.
Fundamentos de la Ley
Esta propuesta se suma al proyecto de ley de jerarquía constitucional
de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que obtuvo días atrás
dictamen favorable de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Relaciones
Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados.
"Es indispensable actualizar integralmente la
legislación vigente en materia de corrupción, pero una iniciativa sencilla,
rápida y conducente a mejorar los estándares tan bajos en la lucha contra este
flagelo es incorporar nuevos sujetos obligados a presentar sus declaraciones
juradas que desde hace tiempo aparecen en muchos casos como protagonistas de
casos de corrupción", explicó Carrió en los fundamentos del proyecto de
ley.
Para la diputada de la CC-ARI, "las organizaciones
sindicales, empresariales y las obras sociales son personas jurídicas, en
algunos casos de carácter público no estatal pero que por sobre toda las cosas
administran dinero o representan intereses de terceros. Algo absolutamente
asimilable a los fondos públicos que el Estado administra en nombre de todos
los ciudadanos".
"Incluir estas personas como sujetos obligados
equiparados a los funcionarios públicos hace necesario actualizar el tipo penal
de enriquecimiento ilícito lo que también se trata en este proyecto a efectos
de aclarar que no sólo quiénes trabajen en el Estado están alcanzados por este
delito", advirtió la diputada de la CC-ARI.
Finalmente, Carrió consideró que con esta modificación
"quiénes ocupen un cargo o empleo público ya sea en organismos del Estado
o como autoridad y/o representante legal de organizaciones sindicales,
empresariales o de las obras sociales, hasta dos años después de haber cesado
en su desempeño podrán ser investigados respecto de la consistencia de su
patrimonio".
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