El plan "Cristina eterna" vuelve a levantar vuelo con la mira en 2013
Máximo Kirchner y Carlos Zannini reflotaron el plan de la reforma constitucional mientras los foros K lo "debaten" en el interior.
Un grupo de intelectuales y políticos K reabrió esta semana el debate sobre la reforma de la Constitución, que se había diluido por las tormentas que venía atravesando el Gobierno nacional. Carta Abierta, la CTA, el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, el Frente Grande y la agrupación Miles de Luis D’Elía son los integrantes de la mesa que impulsa modificar después de 18 años la Carta Magna.
Los organizadores quieren hacer un raid de audiencias por todo el país, como ocurrió en la previa a la sanción de la Ley de Medios. Sacarán de allí un proyecto, que entregarán luego al Congreso. No tienen plazos, advierten. Pero sí una meta: tocar al menos diez temas del texto del ‘94 porque, sostienen, fue parido por “el consenso de Washington, donde el Estado había desaparecido”.
“No se va a abordar la reelección”, se atajan desde la mesa de conducción. “Somos locos, pero no comemos vidrio”, añaden. Sin embargo, eso es difícil de creer. Si no se toca la posibilidad de un tercer mandato o el sistema de gobierno –hay quienes proponen virar hacia el parlamentarismo, como Zaffaroni–, la reforma no sería absolutamente necesaria. Lo sostienen así varios juristas y hasta el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
Además, aunque no se lleve a la práctica, al kirchnerismo le conviene alimentar la idea de la continuidad de Cristina Kirchner en el poder, para evitar que las internas del peronismo la consuman en el final de su mandato.
La reapertura del debate no fue una idea aislada de este grupo de intelectuales, políticos y profesionales del Derecho. Fue una iniciativa pergeñada por el círculo íntimo de Cristina. Los organizadores armaron todo con Máximo Kirchner y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Cristina estuvo siempre al tanto de todo. Máximo y el Chino les pidieron que instalen la posibilidad de la reforma para luego evaluar si se avanza o no. “Si hay agua nadamos todos”, fue la frase que disparó uno de ellos para graficar la necesidad de que haya consenso para impulsar el proyecto en el Congreso. Los organizadores les pidieron al hijo presidencial y al secretario de Legal y Técnica la venia para plantear un rechazo al tercer mandato. Y lo obtuvieron. Hay que ver cuánto de especulación política hay en ese rechazo a la continuidad.
El cronograma de charlas arrancó esta semana en la Facultad de Derecho. Pero ya se están armando visitas a Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes y la provincia de Buenos Aires. El grupo fue invitado al Jardín de la República por una fundación cercana al gobernador oficialista José Alperovich. A Corrientes, por la diputada K Araceli Mendez. A Santiago del Estero por un grupo de jueces y curas, y a La Plata por la Universidad Nacional, que está haciendo unas jornadas.
La CTA, Miles y el Frente Grande mantuvieron conversaciones reservadas con socialistas y radicales que están de acuerdo con la reforma, pero que aún no se sumaron porque les generaría problemas internos expresarse a favor. La discusión promete ser larga y levantar mucha polvareda.
El año 1990 no terminó como lo había programadoMenem. La corrupción había tapado la agenda pública y los indultos, a los máximos responsables de la última dictadura militar y de algunos reconocidos guerrilleros no había sido una decisión feliz. Se le cuestionaba al presidente su visión de que la amnistía y el indulto, realmente, serían mecanismos para pacificar al país. La “teoría de los demonios” nuevamente se imponía como la única visión de lo ocurrido durante la última dictadura militar, tanto desde los círculos cercanos al gobierno como desde los grandes matutinos. Las investigaciones especiales de Clarín continuaban.
Las privatizaciones disparaban polémicas, denuncias, comentarios y suspicacias. Los ferrocarriles estaban en la mira. El periodista de Clarín Ricardo Canaletti decía que los abogados de la propia empresa del Estado no apelaban las sentencias adversas que obligaban a pérdidas cuantiosas al Estado. Por ese motivo, se sospechaba de la Justicia; incluso un juez –Alberto Nicosia– tenía un juicio político pendiente y era investigado por presunta estafa a empresas del Estado. La convivencia entre el beneficio particular de varios particulares para quitarle más dinero a un Estado deshuesado era común. Jueces que fijaban indemnizaciones a particulares sin prueba alguna, como el caso de un pintor –Luis Carlos Roselot– que se lastimó al viajar en tren y recibió medio millón de dólares tan sólo con la prueba de su boleto. Estos hechos eran funcionales a los periodistas impulsores de las privatizaciones y al propio gobierno, que se hacía un festín con la ineficacia y la corrupción de las empresas del Estado. ¿Por qué Clarín solo denunciaba irregularidades de formas pero no de contenidos? Tres días después despotricaba por la falta de inversión del Estado en los centros de investigación y creación tecnológica:
Se ha dicho, acertadamente, que la Argentina debe insertarse en el Primer Mundo. Para ello es necesario, en primer lugar, desarrollar la economía, incorporar las industrias dinámicas y acrecentar el acervo tecnológico.
En Clarín, el analista político Oscar Raúl Cardoso analizaba las perspectivas del presidente para el año siguiente y se asombraba por su condición de “animal político” y la forma en que sabía aprovechar los medios masivos de comunicación: “Nadie en la Argentina le ha ido mejor que a él con la telepolítica [...] al retener hoy una buena cuota de la volátil oferta de esperanza argentina, a pesar del desgaste que supone más de un año de gobierno”. Además, comparaba a Menem con Maquiavelo por su pragmatismo.
La semana siguiente –ya corría 1991–, Clarín publicó una nota sobre la polémica preadjudicación de las redes de acceso a Buenos Aires al grupo Techint. El diario se puso del lado de los sectores contrarios al gobierno que habían tomado tal decisión. El intendente de San Isidro, Melchor Posse, fue la única voz presente en la nota que denunciaba que la preadjudicación no existió sino que fue una farsa y que Techint iba a ganar 700.000 dólares por día sin hacer ninguna inversión en las autopistas. El 7 de enero Clarín publicó un extenso informe especial sobre grandes grupos económicos que ganaban con las privatizaciones de las empresas del Estado. La periodista Eleonora Gosman escribía: “Muchos proveedores del Estado pasaron a ser concesionarios y otros sumaron empresas estatales o concesiones a sus actividades. Una característica hasta ahora ha sido la concentración de las ofertas en muy pocos holdings, tema que preocupa al gobierno nacional”. Ahora, ¿cómo le podía preocupar al gobierno algo que había provocado él mismo? Gosman realizaba un racconto interesante sobre la historia de los más importantes grupos económicos nacionales: su aparición durante la última dictadura militar, su afianzamiento gracias a la política económica de Martínez de Hoz, su consolidación en tiempos de democracia y primavera radical, y su expansión durante los primeros años menemistas. Sin embargo, la nota no concluía de la forma más acertada, a pesar de que citaba a prestigiosos investigadores como Eduardo Basualdo, ya que afirmaba que “el conjunto de estos grupos, aun con diferentes situaciones, ha procurado adaptarse a los cambios iniciados en 1990 y que se definen por un Estado que no quiere continuar con la política de subsidios, porque debe transferir recursos hacia el pago de la deuda externa. Éstas son las nuevas reglas del juego”. Nuevamente, Clarín pateaba para ambos lados. Ambivalente como de costumbre, el diario informaba sobre la concentración económica –a su vez, indicaba que el gobierno estaba preocupado pero no decía nada sobre su incapacidad o inacción para resolver la cuestión, si es que tenía la intención de resolverla, como el matutino decía en el copete del informe especial–. Pero no citaba las múltiples denuncias de corrupción ni la falta de transparencia en las adjudicaciones de las empresas del Estado, y dejaba entrever, sobre el final de la nota, que las privatizaciones eran positivas para el país y su economía, ya que se iba a dejar de pagar dinero en subsidios hacia los nuevos dueños del Estado. (…)
YPF es sociedad anónima
La privatización de la explotación petrolera es una de las herramientas aptas para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Clarín, del 15 de septiembre de 1991, editorial.
Se ha avanzado en las privatizaciones [...] comenzándose a reducir un Estado hipertrofiado y abriéndose paso a la actividad privada. Clarín, 11 de septiembre de 1991, editorial tras los comicios en que el oficialismo resultó triunfador.
El 9 de enero, la noticia más saliente por sus consecuencias futuras –aunque no fue tapa de Clarín– fue la creación como sociedad anónima de la empresa estatal YPF gracias a la que, “más adelante, la venta de sus acciones en el país y en el extranjero permitirá que se transforme real y efectivamente en una empresa privada”. La nota glorificaba el decreto presidencial y el estatuto que lo acompañaba (“pensado para el futuro [...] por su extraordinaria flexibilidad”). El informe se asemejaba a una propaganda gubernamental pues no había crítica alguna a la medida ni se reflejaba ninguna voz opositora; todos parecían estar de acuerdo en la transformación de YPF en sociedad anónima como comienzo del proceso de privatización de la empresa. “Con la sujeción de YPF a las normas del derecho privado y el plan de acción que se adjunta como un anexo del decreto, el Gobierno aspira a eliminar todas las normas que impidan a la petrolera competir en forma eficiente con el resto de las siglas del mercado (Shell y Esso, fundamentalmente)”, decía Clarín.
Menem se rodeó de gente que estaba trabajando para las privatizaciones como Pérez Companc y Bulgheroni. De hecho, ya tenían distintas áreas de las empresas pero querían toda la torta, el pedazo más grande. Esto empezó por transformar a YPF en sociedad anónima. En esta venta no había riesgo por parte de los compradores. Era simplemente cambiar de mano para seguir sacando petróleo de los pozos y ganar más y más dinero”. Para Gustavo Calleja, ex secretario de Energía durante el alfonsinismo, opina que “los medios se encargaron de vender un discurso a favor de las privatizaciones. Costaba mucho enfrentar ese discurso. Se hablaba constantemente de la ineficiencia estatal pero no se decía que había sido provocada, en gran parte, por el propio Menem, quien había destrozado las empresas públicas. El cuento falsificado de las pérdidas de YPF... nadie que se precie de saber algo del tema, podría afirmar tal cosa. La plata de YPF –que era mucha– iba al Estado que hacía caminos, rutas, unía pueblos... Desde que se inventó YPF y, más cuando empezamos a contar con toda la renta, con Justo, creamos los impuestos internos al consumo que eran fondos viales; después creamos los fondos energéticos. Con toda esa plata, que salía del petróleo, se desarrolló YPF con cuarenta años de reservas de gas y veinticinco años de reservas de petróleo. Todo lo que es YPF lo es gracias a la gestión estatal. Hasta 1989, ese sistema que era tan criticado fue la estructura de la cual aún estamos viviendo todos”.
Si por un lado las noticias relacionadas con futuras privatizaciones y desregulación de la economía ocupaban varias páginas del interior de los diarios analizados, las denuncias de corrupción empezaban a ganar trascendencia. El caso Swift fue tapa de Clarín del primer día de 1991. Las malas noticias para la opinión pública en general, no disminuyeron con la llegada del nuevo año: aumento del costo de vida de un 4,7% (tapa de Clarín del 4 de enero) y del gas (tapa de Clarín del 11 de enero). Menem exhortaba a votar a sus candidatos en las próximas elecciones parlamentarias. Clarín criticaba al gobierno y a su plan económico ya que, decía el matutino, no existían muchas esperanzas de un crecimiento superlativo en materia económica. El editorial señalaba que “las políticas en curso se encaminan tan sólo a administrar la crisis presente, a actuar sobre la coyuntura y a conformarse con un comportamiento económico que sólo implica permanecer en el estancamiento”. Clarín no creía en un aumento de la recaudación fiscal y pedía la formulación de una política de crecimiento, “para recapitalizar las unidades productivas y adecuarlas a las necesidades de la competencia local e internacional [...] Sin este requisito, el año que se inicia será una copia sin muchas variaciones de los pasados años de frustración y pobreza”.
A mitad de enero, una noticia que ocupaba menos de media carilla, perdida en el interior del matutino, explicaba en qué consistía el futuro control externo de las privatizaciones. Los significados de tal decisión parecían, para Clarín, desviar la atención de las denuncias de corrupción y agilizar el desembolso de 240 millones de dólares de préstamo de parte del FMI y del Banco Mundial. En ningún momento se mencionaba la palabra “soberanía”: es más, se señalaba en la nota que, “así, el papel fiscalizador que debería tener el Congreso de la Nación queda reemplazado por el de organismos internacionales”. Carlos Menem, además, explicaba las razones de la desaparición del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y afirmaba que “todo el proceso de concesiones y privatizaciones va a continuar hasta cambiar totalmente el Estado elefantiásico, ineficaz y corrupto que hemos heredado de varios años de desencuentros”. Con Dromi, separado del poder de su antiguo y ahora desaparecido ministerio, Domingo Cavallo se erigía como el gran triunfador de la contienda interna en el gabinete menemista. Cavallo llegaba al Ministerio de Economía que, a su vez, asumía las funciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. En su lugar, se creaba el Ministerio de Justicia con Raúl Granillo Ocampo en el mando. Las nuevas medidas económicas eran un mayor ajuste, la eliminación de la obligación de liquidar las divisas de las exportaciones, la duplicación del impuesto al cheque y la eliminación de los redescuentos para los bancos de las provincias. (…)
El gas y el petróleo
Hay que salvar la dignidad del Congreso. La Nación, 29 de marzo de 1992 tras el escándalo del “diputrucho”.
La magnitud del déficit real [...] encierra una lección que debería resultar inolvidable para los que creyeron, creen o aún dicen creer que el Estado puede realizar con eficiencia tareas que exceden sus funciones indelegables. La Nación, 20 de marzo de 1992, a propósito del proyecto oficialista de reforma previsional.
El 17 de marzo de 1992 se produjo el atentado a la Embajada de Israel y, desde ese día, durante varias semanas, la noticia fue tapa de los principales matutinos del país. Al día siguiente del terrible ataque sufrido por la comunidad judía, en particular y el país todo en general, el presidente Menem atribuía la autoría del hecho a los carapintadas.
El tema de las futuras privatizaciones y las consecuencias por la venta de las empresas públicas permanecía inalterable en la agenda pública. Las repercusiones por los atrasos en los pagos por parte de Iberia, referente a la compra de Aerolíneas Argentinas, funcionaban de disparador para que La Nación rechazase las opiniones que, con cada vez más fuerza, se alzaban en contra de esa privatización. El matutino de los Mitre no ahorraba críticas contra el ya mencionado “grupo de los 8” (legisladores disidentes del Partido Justicialista) por su “propuesta fuera de lugar con un marcado tinte ideológico [...] empresas públicas cuya ineficiencia y multimillonarias pérdidas no parecen ser suficientes para convencer a estos empecinados defensores de un estatismo que la sociedad ha rechazado concluyentemente en las urnas”. Bernardo Neustadt tiene razón al declarar que “había editoriales de los diarios de la época que [...] proponían regalar a las empresas a cambio de que alguien las viniera a gerenciar”. A La Nación poco parecían importarle los pagos atrasados de Iberia y que los contratos no se respetasen. Al finalizar esa semana, el propio presidente Carlos Menem firmaba una nota de opinión, en el diario La Nación, en la que le contestaba a sus críticos: “Nuestra sociedad, con un Estado descomunal y amorfo, con un comercio desaforado, con asalariados sin ninguna noción del valor del poco dinero que recibían, se había convertido en un caos, que hacía inescrupulosos a todos”. Muchos intereses estaban en juego y, por ello, por lo menos una vez al mes el presidente, su ministro de Economía o alguno de los tecnócratas de la Fundación Mediterránea publicaban sus opiniones políticas, económicas y sociales en los más importantes matutinos, preferentemente en La Nación. Entre esos intereses estaba reformar el sistema previsional que impulsaba el “súperministro”. A La Nación también le preocupaban esos cambios y, partiendo del proyecto oficialista, realizaba una nueva descarga contra el Estado por su “bancarrota e impericia histórica”. Además, dejaba en claro que nunca más las empresas públicas deberían volver a manos del Estado: “La magnitud del déficit real y potencial que evidentemente empuja al actual gobierno a liquidar buena parte de ese sistema y la carga de inequidades con que ese cambio vendrá acompañado encierran una lección que debería resultar inolvidable para los que creyeron, creen o aún dicen creer que el Estado puede realizar con eficiencia tareas que exceden sus funciones indelegables”. Es que, decía La Nación, “el Estado ha fallado como administrador y avalista del sistema previsional y sólo queda apelar a la mayor capacidad de control y ejecución de la economía privada”.
Gustavo Calleja aún recuerda ese triste 26 de marzo de 1992 porque estuvo ahí. “Lo de Gas del Estado fue terrible porque unos días antes de la venta uno de los capos de Petrobrás, en un reportaje, le dice a su interlocutora que la empresa argentina valía 25.000 millones de dólares así como estaba. Y se vendió regalada a 2.000 millones de dólares en efectivo, 1.000 millones del pasivo a cargo y 2.000 millones de dólares en bonos a un valor irrisorio. Además la rompieron antes, la saquearon. Para colmo los argumentos en el Senado todavía los recuerdo que decían cada disparate. Por ejemplo, las leyes del marco regulatorio se las había mandado el Banco Mundial y ellos lo único que hicieron fue traducirlas, ¡no las iban a presentar en inglés! Fue terrible”, recuerda Calleja. Pero la venta de Gas del Estado hubiese pasado desapercibida para la inmensa mayoría de la opinión pública si no se hubiese descubierto a un señor de edad avanzada, sentado en una banca que levantó su mano para votar a favor de la venta de la empresa del Estado. Posteriormente, al conseguir el quórum necesario para obtener la privatización, este señor huía al ser descubierto por la prensa. Un periodista de Clarín se le acercó a este personaje y le preguntó qué estaba haciendo, pero el “diputrucho” dejó el recinto, internándose en el despacho del diputado Alberto Pierri. Nada cambió lo inmodificable y Gas del Estado se vendió al poco tiempo. La cobertura de semejante noticia, aún no deja de sorprender. Al día siguiente, La Nación ubicó la noticia en la parte derecha de su tapa principal, con el sugestivo título “Enfrentamiento peronista-radical”. En la nota informaba que un falso legislador (el término “diputrucho” fue una creación de algún sagaz editor de Clarín) facilitó el quórum necesario para aprobar el marco regulatorio de Gas del Estado. Dos días después, el matutino de los Mitre pedía “salvar la dignidad del Congreso” pues “es menester un esfuerzo convincente de los legisladores y de los partidos para limpiar la vida parlamentaria de prácticas y vicios que dañan el prestigio de uno de los poderes del Estado”.Finalmente, el diario daba su opinión sobre el falso diputado: las culpas, creía, eran del ausentismo de la oposición porque se había negado a dar el quórum necesario y, en cierta forma, había estimulado tales prácticas, aunque no podían ser compartidas por el medio ni por nadie. Luego de que Gas del Estado se privatizase, cuatro mil personas perderían su trabajo.
Clarín realizó de ese hecho una extensa cobertura en la que no ahorró críticas al gobierno. No dudó el titular de escandaloso lo sucedido y calificó de intruso al supuesto allegado del diputado Julio Manuel Samid, hermano del “rey de la carne”. Los cronistas de aquella jornada manifestaron sus dudas acerca de si el quórum, que había logrado conseguir con inmenso esfuerzo el gobierno, había sido lícito y si efectivamente había existido. Mientras tanto Pierri, el titular de la cámara de Diputados, negaba los hechos y explicaba lo sucedido como una “chicana política del radicalismo”. Dos días después, Eduardo van der Kooy escribía que “se pretendió sancionar ilegalmente la privatización del gas y se desnudó la desaprensión que calzan los hombres del oficialismo para alcanzar sus objetivos”. El periodista hablaba de parodia y de una nueva impericia de un gobierno que se alejaba cada vez más de la gente. Sin embargo, en ninguna nota de opinión del diario de Noble jamás se cuestionó la privatización del gas pero sí la forma escandalosa en que se estaba llevando a cabo. La Nación, en cambio, minimizaba lo sucedido y no le otorgaba la importante cobertura de Clarín, que ya tenía una suerte de nueva sección diaria, “Escándalo en el Congreso”.
En la tapa de Clarín del 28 de marzo se informaba sobre la nueva votación propuesta por el Partido Justicialista, luego de la fraudulenta sesión del 26 del mismo mes. El diputado Pierri continuaba negando que él hubiera llevado al intruso a su despacho y reconocía la “grave anomalía”. Al día siguiente el diario se preguntaba por qué los diputados del partido gobernante habían cambiado de opinión y, ahora, apoyaban las versiones periodísticas. El periodista Armando Vidal popularizaba la expresión “diputrucho” y decía que el caso ya había ganado la calle ya que era “un hecho sin precedentes”. Al día siguiente, Vidal hablaba de “voto fantasma” al referirse a Juan Abraham Kenan, quien no era el primer falso diputado pero sí el primero en descubrirse, escribía el periodista. Vidal finalizaba la nota cuestionando la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, de prohibir el acceso al recinto a los periodistas, pues, si tal medida hubiese existido el 26 de marzo, el “diputrucho” hubiese quedado impune.
Por varias semanas, el tema siguió presente en ambos diarios pero de distintas formas. Si Clarín cuestionó desde el primer momento la manera en que se había aprobado la ley que permitía la privatización de Gas del Estado y había investigado lo sucedido en la Cámara alta en esa acalorada sesión del 26 de marzo, La Nación puso en duda lo que en Clarín eran certezas y evitó denunciar lo ocurrido esperando la decisión de la Justicia. En abril, La Nación reprodujo casi la totalidad de las declaraciones de los diputados oficialistas, sin dar lugar a los cuestionamientos de los partidos opositores. Las figuras periodísticas del diario de los Mitre evitaron editorializar sobre el “diputrucho”. En esos días, Mariano Grondona, por enésima vez, defendía el ajuste económico de Menem explicándolo como un mal necesario:
Llamamos “ajuste” al paso doloroso e incierto del estatismo al capitalismo [...] El problema del ajuste es que encuentra, en principio, reticencia o resistencia popular. Supongamos que se le dice a un enfermo crónico que, después de una operación dolorosa, va a mejorar. Sin embargo él, como los pueblos en ajuste, desearía obtener la salud prometida sin pasar por la cirugía perturbadora. Esto es, simplemente, humano.
El 27 de septiembre de 1992 aparecía publicada en ambos matutinos una solicitada de carilla entera titulada “Hola, futuro” en la que el gobierno festejaba haber convertido en ley el proyecto de la privatización de YPF, la mayor empresa estatal argentina. El periodista Fernando Laborda observaba las reuniones previas de funcionarios del gobierno con los diputados de extracción sindical que habían ayudado a obtener el quórum necesario para aprobar la ley. Atilio Cadorín se extrañaba de los cambios de opinión de algunos legisladores acerca de la privatización de YPF; a su vez, le pedía al gobierno agilizar los trámites para sacar la ley de flexibilización laboral. Por esos días, Eduardo van der Kooy contaba en Clarín las preocupaciones de distintos sectores por el deseo reeleccionista de Carlos Menem y sus proyectos de reformar la constitución (“Menem parecía seguir estando distante de las prioridades populares”). El debate por la privatización de YPF se encontraba en su momento más álgido. Las provincias productoras de petróleo apoyaban el proyecto oficialista y pedían a los diputados que se sentaran a dar quórum. Uno de los gobernadores que se alzaban como líder del grupo de los lobbistas por la aprobación de la ley, como lo llamaba Clarín, era el de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Luego de sancionada la ley, el matutino de Noble evaluó el hecho como un éxito del gobierno frente a la oposición radical. Eduardo van der Kooy advertía que el gobierno debía encarar esta privatización con transparencia ya que no había “margen para que se reiteren, las experiencias que convirtieron a ENTEL y a Aerolíneas Argentinas en dos piezas del escándalo”. Al día siguiente, Clarín se preguntaba quién compraría YPF y se preocupaba de que las empresas más importantes del mundo no tuvieran planeado transformarse en accionista de la misma. A la semana de aprobarse la venta de YPF, comenzaron a surgir versiones de posibles pagos de coimas a distintos legisladores para que aprobasen el proyecto oficialista. Nuevamente Clarín investigó la denuncia y La Nación miró para otro lado. Así, el 30 de septiembre, día en que se difundió tal rumor, Clarín le otorgó tres páginas al tema y La Nación lo pasó por alto.
Cristina Fernández de Kirchner estatiza YPF
El lunes 16 de Abril de 2012 la presidente Cristina Kirchner decidió ahora enviar un proyecto de ley al Congreso para expropiar el 51 por ciento del patrimonio de YPF, actualmente bajo control de la española Repsol y del grupo empresario argentino de la familia Eskenazi, y declarar "de interés público nacional" a la actividad de hidrocarburos del territorio de la República Argentina.
Bajo la a iniciativa, "Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina", sostiene que "el objetivo prioritario es el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos".
A partir de que la propuesta se convierta en ley, el 51 por ciento de las acciones expropiadas pasarán a manos del Estado nacional, mientras el restante quedará bajo la administración de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI), que integran las provincias con producción petrolera.
Menem: "Votaré por la estatización de YPF"
El ex presidente, quien privatizó la empresa en los 90, ahora confirmó que apoyará el proyecto de Cristina; se lo dijo al diario Crónica
l ex presidente Carlos Menem confirmó a la periodista Mercedes Ninci, del diario Crónica , que votará a favor del proyecto de nacionalización de YPF. Menem fue el impulsor de la privatización de la empresa en los 90.
Este es el diálogo que mantuvo con la periodista:
¿Ya decidió qué va a hacer el próximo miércoles en el Senado?
Sí, voy a ir a votar al recinto y voy a apoyar la estatización de YPF.
Usted fue quien privatizó la empresa.
Sí, pero estamos en otra época totalmente distinta. Los tiempos cambian. Cambió el escenario.
Lo van a criticar de muchos sectores.
Que me den con un caño, no va a ser la primera vez (risas).
Tanto en España como en Estados Unidos se criticó esta decisión. ¿Puede afectar es to las inversiones extranjeras, por falta de seguridad jurídica?
En parte sí, puede afectar las inversiones, pero creo que nadie va a dejar de invertir en Argentina porque un país esté haciendo valer sus derechos.
¿Qué es lo que cambió para que ahora esté a favor de la estatización de la empresa?
El error de Repsol era que no invertía en Argentina. Sacó todas las ganancias fuera del país.Yo no tengo nada en contra de los españoles, pero Repsol acá no invirtió nada y por eso estamos así.
En otra intespectiva medida al estilo K el gobierno argentino se dispuso a realizar
la restatización de YPF.En medio de una salva de aplausos y de himnos patrióticos, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para "salvaguardar la soberanía hidrocarburífera de Argentina". El proyecto contempla como medida central la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que está en manos del grupo argentino Eskenazi y de la empresa española Repsol.
A través de un anuncio retransmitido por la cadena nacional, Cristina Fernández anunció la expropiación. El proyecto de ley por el que se hará efectiva contempla que el 51% de esas acciones expropiadas (el 26,01% del total) irá a manos del Estado nacional y el 49% (el 24,99% del total) a las provincias con producción petrolera, que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI). El Tribunal de Tasación argentino decidirá cuánto hay que pagar por la compañía. El texto legal -de 19 artículos, con 50 páginas de "fundamentos claros y precisos"-, recoge que faculta al poder Ejecutivo y al interventor del Estado en la empresa a "adoptar todas las acciones y recaudos necesarios hasta que asuma el control de YPF S.A a efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos".
El proyecto de ley incluirá además una declaración "de interés público nacional" a los hidrocarburos del territorio argentino así como el "cambio de la totalidad de directores" de la compañía, aunque pretende garantizar la "continuidad operativa".
La iniciativa, denominada 'Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina', sostiene que "el objetivo prioritario es el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos". El proyecto entra hoy mismo en el Congreso y tendrá que votarse durante las próximas semanas.
La presidenta hizo el anuncio en la Casa Rosada y estuvo acompañada por el vicepresidente, Amado Boudou; el jefe de gabinete, Juan Manual Abal Medina; el ministro del Interior, Florencio Randazzo; y el titular de la cámara de Diputados, Julián Domínguez. Pero para llevar a cabo el proyecto designó al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y al viceministro de economía, Axel Kicillof.
Falta de inversión
Una de las excusas del Gobierno argentino para tomar esta decisión es que la petrolera no ha hecho las inversiones necesarias, algo que lleva meses recriminándole. Para remarcar esto, la presidenta ha declarado que "la curva de desinversión de YPF Repsol se parece a la trompa del elefante", en clara alusión al accidente sufrido por el Rey de España. "Tengamos en claro que las empresa que están aquí son empresas argentinas, aún cuando tengan accionistas extranjeros y no nos molestan las rentabilidades y si no que se fijen en la rentabilidad de algunas de origen español", ha apuntado en su intervención.
Argentina "es el único país latinoamericano, y diría del mundo, que no maneja sus recursos naturales", ha señalado al presentar una serie de cuadros estadísticos sobre la evolución de YPF desde 1999, cuando se produjo el ingreso de Repsol como principal accionista de la compañía, hasta el año pasado.
Dijo que "después de 17 años, la política que se implementó desde que se desnacionalizó (YPF) por primera vez nos convirtió en importadores netos de gas y crudo, con déficit de 3.029 millones de dólares" en la balanza del comercio de combustibles.
En este sentido, ha subrayado que el año pasado Argentina importó combustibles por unos 10.397 millones de dólares, "cifra que casi iguala" al superávit comercial del país, que el año pasado "fue de unos 10.477 millones". Según la mandataria, YPF invertió 8.813 millones de dólares entre 1999 y 2011, lapso en el que obtuvo ganancias netas por 16.450 millones de dólares, de los cuales repartió 13.246 millones entre sus accionistas. Se equivocan los que sostienen que los empresarios españoles desembarcaron en Latinoamérica enarbolando la mentalidad de los antiguos conquistadores. Muchos de ellos, de manera consciente, optaron por la estrategia del "funcionario virreinal" construyendo relaciones directas con los mandatarios de turno, los auténticos detentadores de la "presidencia imperial".
Así se estableció una tecnocracia de negociantes (fenicia en algunos aspectos) que buscó sobre todos los medios mantener una estrecha relación con los presidentes latinos, olvidando que el poder no tiene memoria y que bajo el 'ethos' populista, los caudillos suelen inclinarse por la ingratitud.
Este decoratismo virreinal (creer que si tienes acceso al presidente nada te pasará en el país) siempre ha sido una estrategia miope y cortoplacista. El pueblo, las masas y la sociedad civil, responden a incentivos sumamente complejos y no siempre acordes con los de la clase política.
De cierta manera, la crisis que el Gobierno autocrático de Cristina Fernández de Kirchner ha desatado es la crónica de un desastre anunciado. Pactar con sultanatos hereditarios implica un riesgo. Creer que es posible domesticar un Estado interventor adherido al socialismo del siglo XXI es un error de cálculo que, tarde o temprano, genera un balance negativo.
Hoy todos denunciamos, y con razón, la prepotencia del 'kirchnerismo', la violación del Estado de Derecho y la instrumentalización de las inversiones por móviles partidistas. Sin embargo, hemos contemporizado con el socialismo del siglo XXI durante mucho tiempo, disfrazando nuestros afanes comerciales bajo ropajes claudicantes.
Me viene a la mente, por ejemplo, un episodio concreto, breve pero significativo. Hace un par de años, Hugo Chávez visitó Madrid y Antonio Brufau, el funcionario de REPSOL al que Cristina Kirchner —la Reina del Sur— hoy se niega a recibir, acompañó, solícito, al destructor de la democracia venezolana en su visita por una librería de la Gran Vía, todo para salvaguardar los intereses del negocio. Como es obvio, algunas muestras excesivas de empatía son interpretadas por los caudillos latinos como signos de pusilanimidad.
A estas alturas, es obvio que el socialismo del siglo XXI sólo comprende y respeta el viejo idioma del poder. Argentina está gobernada por una presidenta que interpreta el sistema político en clave monárquica. La dinastía Kirchner, en este escenario, pugna por consolidarse.
El peronismo es ducho en apelar a la mística nacionalista para conseguir sus objetivos y ampliar la coalición de respaldo. Además, existe una cultura política que favorece la existencia del Estado expropiador. Una cultura compartida por sectores de la población acostumbrados al asistencialismo y por una clase política que considera legítimo exacerbar la función social de la propiedad hasta desvirtuarla completamente.
Si bien Octavio Paz habló del "ogro filantrópico" para describir las estructuras estatales que alimentan el populismo con recursos públicos, también es posible resaltar la existencia de un "monstruo interventor", una especie de "Leviatán confiscatorio". Se trata, pues, de los dos rostros del Jano estatal latino.
Esta doble dimensión filantrópica-confiscatoria caracteriza al Estado kirchnerista. En un sistema así la legalidad se considera, como afirmaba Lenin, un mero "fetichismo burgués", un obstáculo para la política inmediata. Y al peronismo lo que le interesa es la política del día a día. Ante este desorden provocado por el caos del populismo, urge emplear con firmeza todos los recursos de la diplomacia y toda la fuerza de la ley si queremos evitar este matricidio urdido en la Patagonia. "Law is the sister of freedom" sostuvo en 1911 el gran historiador del Derecho Sir Frederic Pollock, durante un ciclo de conferencias sobre el genio del 'common law' en la Columbia University de Nueva York. Sin Derecho, sin seguridad jurídica, no hay libertad. Y eso es lo que está sucediendo en Argentina, gracias al kirchnerismo.
Las represalias de España
La crisis con Argentina a cuenta de los intereses de Repsol YPF no sólo no está encauzada, como aseguraba el ministro de Industria José Manuel Soria, sino que más bien está servida. El Gobierno español ha tenido conocimiento de la noticia de la expropiación de la compañía petrolera justo cuando el presidnete, Mariano Rajoy, se encontraba reunido en La Monclooa con la secretaria general del PP y presidenta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal.
Ha sido por tanto ella la primera dirigente política popular q ue ha tenido oportunidad de pronunciarse ante los medios de comunicación sobre el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner. Cospedal ha asegurado que el Gobierno estudiaba el documento aprobado por la presidenta argentina y ha dado por hecho que habrá "cumplida respuesta" y, además, que ésta será "la más adecuada a los intereses españoles y de sus empresas".
La secretaria general de los populares ha garantizado también que en dicha respuesta "España estará acompañada por sus socios europeos y a otros niveles", en clara referencia al apoyo que Madrid espera de Washington. Cospedal sí ha querido precisar que, en cualquier caso, lo que el Ejecutivo de Rajoy entiende con meridiana claridad es que las relaciones entre países deben atenerse a las "convenciones internacionales".
La presidenta castellano manchega y número dos del PP no ha hecho precisiones a este respecto pero todo indica que se refería al cumplimiento estricto de los acuerdos bilaterales firmados entre Madrid y Buenos Aires que incluyen la protección recíproca de las inversiones en sus respectivos territorios. Fuentes de La Moncloa han confirmado que tanto el gabinete del presidente como los ministerios de Industria y Exteriores estaban ya analizando todos los extremos del anuncio hecho por Cristina Fernández y avanzaban que en el curso de las próximas horas habrá una reacción oficial al mismo.
La intervención argentina de YPF
El interventor designado por la Presidente, Julio De Vido, llegó al edifico alrededor de las 14, media hora después de que terminara el discurso de Cristina Kirchner en el Salón Mujeres Argentinas de la Casa de Gobierno.
Ahora es el propio funcionario quien coordina las acciones en las instalaciones de Repsol-YPF, que aún no se ha pronunciado públicamente sobre los pasos que tomará tras el anuncio de Cristina Kirchner.
La jefa de Estado anunció que esta misma tarde enviará al Senado un proyecto para expropiar el 51% de las acciones de la petrolera, todas del grupo español Repsol. Mientras tanto, la empresa estará intervenida por De Vido y el viceministro de Economía, Axel Kicillof. "He emitido un decreto en el día de hoy, con la intervención de la empresa, colocando al frente de la misma como interventor al ministro de Planificación, acompañado en su gestión por el viceministro de Economía", anunció la mandataria.
Cristina precisó, además, que estuvo reunida con ambos funcionarios ayer, al regresar de Cartagena de Indias, tras participar de la Cumbre de las Américas.
Los mil y un rostros de un Boudou incómodo y tensionado
La conferencia que brindó el jueves lo exhibió preocupado y molesto. Un especialista en análisis de gestos disecciona su discurso y sus muecas. Lo que denotan y también lo que esconden. Siguiendo al Dr. Paul Ekman, autoridad mundial en la detección del engaño a través de los indicios ofrecidos por el lenguaje de los gestos (comunicación no verbal), existen dos formas fundamentales de mentir: la ocultación y el falseamiento.
En la ocultación se ofrecen verdades a medias, secundarias y datos menores o tangenciales como si fuesen toda la verdad y lo realmente importante; mientras se retiene la información verdadera, central al caso en cuestión, y de la que se tiene cabal conocimiento. En el falseamiento se brinda información ficticia, errónea o infundada como si fuese cierta y bien fundamentada. Ambas formas de mentir suelen presentarse en combinación, y pueden ser delatadas por indicios corporales y paralingüísticos debido a dos tipos de causas: una relacionada con procesos cognitivos y la otra con los emotivos.
Los procesos cognitivos se entorpecen cuando el mentiroso no puede dar una respuesta adecuada a una pregunta comprometedora. La sinceridad se manifiesta en respuestas ofrecidas sin rodeos, de manera inmediata, clara y completa. Pero cuando la sinceridad no es el caso, aparecen signos que evidencian que la persona evalúa cuidadosamente lo que está diciendo, al mismo tiempo que lo está diciendo.
En el caso de la conferencia ofrecida por el vicepresidente Boudou, llama la atención que su estilo de enunciación sea muy diferente del que podemos observar, como parte de su comportamiento habitual, en conferencias de prensa o reportajes anteriores a este escándalo.La mayor parte del tiempo, y a lo largo de todo su discurso, son muy notorias las pausas que hace entre cada palabra, o grupo de dos o tres palabras, cuando en un discurso normal las pausas se producen entre frases que denotan diferente sentido.
Este patrón de comportamiento paralingüístico corresponde a la actitud de tener extremo cuidado con lo que se está diciendo, debido a la conciencia de que cada palabra podría tener efectos demasiado importantes como para permitirse un descuido. Sin embargo, la persona que así actúa no se da cuenta de que esta manera de hablar constituye un desliz que revela la intención de ser en extremo precavido. Ante este tipo de comunicación, los expertos en detección de mentiras se preguntan: ¿tiene algo que ocultar?
Por otro lado, el acto de mentir suscita emociones que interfieren con la puesta en escena, y de esta forma, los intentos de ocultación o falseamiento pueden ser traicionados por la filtración de microexpresiones faciales muy fugaces, que de manera inconciente ponen de manifiesto las emociones que escapan al esfuerzo o el interés del mentiroso por inhibirlas o enmascararlas.
En el caso de la conferencia ofrecida por Boudou, llama la atención que en forma coincidente con el fin de su introducción y el anuncio de que dará comienzo a la explicación del tema por el cual está siendo cuestionado, el vicepresidente produce un microgesto de orgullo narcisista: una fugaz sonrisa unilateral, que en lunfardo es conocida como “sonrisa de langa” o “canchero”. El orgullo narcisista es una emoción congruente con el placer que puede sentir alguien que está dispuesto a engañar debido a la confianza que tiene de que su mentira será creída, o de que es inmune, es decir, que aún en el caso de que su mentira sea descubierta, no recibirá castigo por sus actos.
En la ciencia de la comunicación no verbal, ningún indicio es tomado en forma aislada. Para alcanzar una conclusión sólida, es necesario enmarcarlos dentro de conglomerados de comportamientos que combinan actos verbales y no verbales. Antes de comenzar a hablar, y varios instantes después, el vicepresidente aparece más nervioso de lo habitual, con un alto nivel de estrés. Sabemos esto debido a que realiza numerosas manipulaciones sobre los objetos a su alrededor: mueve de lugar sus anteojos, un vaso, una botella, vuelve a mover los lentes, acomoda el micrófono. Cuando una persona se siente molesta o confusa por algún motivo, el número y la frecuencia de sus manipulaciones aumenta.
Tan importante como lo que se muestra, es lo que debería estar presente y no aparece. En este sentido, Boudou no manifiesta señales de dos emociones que una acusación falsa normalmente desencadenaría: el enojo está prácticamente ausente, así como la tristeza, mientras que lo que predomina es el desdén, señalado no solo por contenidos verbales, sino también por la abundante emisión de sonrisas de superioridad y diversión, totalmente extemporáneas dada la gravedad del caso.
Desde la perspectiva del análisis del contenido verbal, son varios los puntos que resultan interesante mencionar. Generalmente, el discurso de las personas inocentes que reciben una falsa acusación se enfoca, primera y principalmente, en demostrar que el argumento de los acusadores carece de lógica. Pero en cambio, el discurso de Boudou se concentra en el ataque a sus acusadores y al juzgado que tramita la denuncia, en sermonear y aleccionar a los periodistas, y en situarse en la posición de víctima al tiempo que se ensalza a sí mismo moralmente. Estas son estrategias que normalmente se utilizan cuando no se tienen argumentos concretos para esgrimir a favor de la propia causa.
La falta de una argumentación defensiva que pueda considerarse lógicamente sólida, queda plasmada cuando al mencionar el allanamiento a su departamento de Puerto Madero, reconoce que es suyo, pero dice que estaba alquilado y allí termina abruptamente su respuesta, proponiéndonos que aceptemos su desvinculación instantánea con cualquier hecho que tuviese relación con esa propiedad, simplemente por haberla alquilado (pensemos en el caso de los departamentos-prostíbulo del Dr. Zaffaroni). Boudou no ofrece ningún dato concreto que contradiga las versiones que vinculan dicho domicilio con Vandenbroele, por ejemplo, el nombre del verdadero inquilino y su relación con él. Otro ejemplo de debilidad en su argumentación son las repetidas referencias a su legitimidad como funcionario electo por la voluntad “popular”, cuando es un dato de los estudios sociológicos que los votos fueron para CFK, y no para él en forma directa. Es interesante que en dos ocasiones de las tres en las que menciona la palabra “popular,” desvía la mirada hacia abajo, acto no verbal que, como señal de vergüenza, implica la conciencia de que el argumento que se acaba de esgrimir es engañoso, puesto que el hecho de que haya sido electo democráticamente no guarda ninguna relación lógica de necesidad con que la acusación sea por tanto falsa.
Tampoco existe ninguna relación entre el supuesto caso de que algunos de sus acusadores sean realmente “mafiosos” y la falsedad de la acusación, ya que no existen impedimentos para que un “mafioso” acuse a otro de algo cierto, aunque sí impedimentos morales en términos de sus códigos internos.
Finalmente, sería muy interesante investigar otro indicio. Los periodistas que siguen el caso, aún estando ya habituados a mencionar el apellido del supuesto testaferro Vandenbroele, tienen dificultades para pronunciarlo, y al hacerlo recurren a la fonética castellana. Resulta curioso que Boudou lo haga en forma fluida y utilice una fonética parecida a la del idioma neerlandés: “Vandenbrouile”. La hipótesis sería que Boudou sabe la forma en que debe pronunciarse dicho apellido debido a su manejo de idiomas extranjeros, o bien que lo sabe porque ha tenido trato con la persona en cuestión. Sería necesario contrastar los indicios ofrecidos por el discurso verbal y no verbal del vice con los de la ex esposa de Vandenbroele, y con los del propio Vandenbroele.
La ciencia de la comunicación no verbal y el análisis de contenidos verbales ofrecen un aporte que es sólo parte de la posibilidad de llegar a la verdad, y por supuesto que, más allá de los indicios, sin pruebas documentales legitimadas por la justicia no puede afirmarse ni negarse definitivamente ninguna apreciación o creencia. Pero como ciudadano común siento que los argentinos merecemos una explicación más clara por parte de Boudou, y no me conforma lo que he escuchado y visto hasta ahora, y como científico social dedicado al estudio de la detección de la mentira, creo que si Boudou es realmente inocente de lo que se lo acusa, entonces está utilizando una estrategia equivocada para defenderse.
*Doctor en Comunicación Social y autor de los libros Comunicación no Verbal y Detective de Sonrisas. Endorser científico del lanzamiento regional de la serie Lie to Me.
