Impulsan una ley para que ex funcionarios condenados por
corrupción no cobren pensión vitalicia
Un diputado radical busca que los ex presidentes, vice y
otros implicados en delitos contra la administración pública tengan la quita de
esa beneficio
El diputado Hugo Marcucci (UCR-Santa Fe) propuso ayer un
proyecto que en el caso de convertirse en ley podría repercutir en los ingresos
del ex presidente Carlos Menem y, de ser encontrados culpables en las causas de
corrupción en su contra, el ex vicepresidente Amado Boudou y la ex mandataria
Cristina Kirchner.
En concreto, la propuesta busca suspender las pensiones
vitalicias que cobran los ex presidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte
Suprema que hayan incurrido en delitos contra la administración pública. Para
negar ese ingreso, los inculpados deberán estar procesados o con una condena
con sentencia firme.
"Es una verdadera afrenta al ciudadano que fondos
públicos estén destinados a sujetos que hayan cometido delitos en el ejercicio
de la función pública, como es el caso de Amado Boudou", afirmó el
diputado Marcucci.
El régimen especial de pensión para los ex altos
funcionarios, según la ley 24.018, se trata de una asignación mensual móvil,
vitalicia e inembargable del orden de los 170 mil pesos. Además, tiene la
característica de no ser contributiva; es decir, no necesita aportes y no tiene
tope ya que su otorgamiento es en base al mérito por desempeñar altas
magistraturas.
Cristina Kirchner es una de las que percibe dicho beneficio.
En su caso, sin embargo, lo cobra por partida doble: por haber ejercido el
cargo y por el fallecimiento de su ex marido, quien también alcanzó la jefatura
de Estado. En total, percibe por ese concepto 340 mil pesos, publicó Infobae
hace meses.
Ahora bien, el juez Claudio Bonadio le embargó a la ex jefa
de Estado todos sus bienes y cuentas, por lo que no puede hacer uso de ese dinero.
La ley impide la acción judicial de inmovilizar la totalidad de los ingresos de
una persona, y es por ello que el equipo legal de Kirchner solicitó la nulidad
de la medida.
En lo que respecta a Amado Boudou, este portal supo que
completó el trámite para cobrar la pensión vitalicia, el cual fue aprobado por
el Gobierno. El ex vicepresidente está procesado por el caso de la imprenta
Ciccone, pos los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones
incompatibles con la función pública.
El que sí se perjudicaría sin ningún tipo de dudas con una
ley como la de Marcuci es el siempre presente senador Carlos Menem. El ex
presidente está condenado en la causa por contrabando de armas a Ecuador y
Croacia y por el pago de sobresueldos.
Pese al fuerte discurso anticorrupción hoy presente entre
oficialistas y opositores, Menem es el único caso de un alto mandatario donde
fueron comprobados en la Justicia los ilícitos cometidos. Y el senador continúa
en libertad y en la función pública, con los fueros y los beneficios económicos
que otorga el cargo.
Según publicó hoy el diario La Nación, legisladores
nacionales del Frente Renovador y del PTS-Frente de Izquierda, como Graciela
Caamaño y Myriam Bregman respectivamente, apoyarían la iniciativa. Sin embargo,
para el ex jefe de Gabinete y senador del Frente para la Victoria, Juan Manuel
Abal Medina, "es complicado" que prospere en la Justicia un proyecto
de estas características.
"Ya se intentó con las jubilaciones de privilegio de
funcionarios de la dictadura y no se logró. Además, sólo debería ser posible
para funcionarios con condena firme y definitiva. Acabamos de elegir y pudo
asumir un presidente procesado", afirmó Abal Medina.
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