Avanza un proyecto de ley contra los comentarios en Internet
Casi cualquier comentario publicado en Internet podrá ser
considerado un "acto discriminatorio" y se invertirá la carga de la
prueba (quien sea acusado de discriminador deberá demostrar que no lo es); las
páginas web, blogs, redes sociales, agencias de noticias, medios de prensa,
diarios online, revistas electrónicas y demás medios digitales deberán instar
expresamente a sus foristas a evitar esos comentarios, serán responsables por
lo que se publique en esos espacios y tendrán que "adoptar las medidas
necesarias para evitar la difusión de contenidos discriminatorios", lo que
podría ponerlos a un paso de la censura previa.
Ésta es la síntesis de un proyecto de ampliación de la ley
antidiscriminación en vigor -sancionada en 1988- que avanza rápidamente en la
Cámara de Diputados y que integra partes de distintos textos propuestos por los
legisladores kirchneristas Remo Carloto, Diana Conti, Carlos Heller y Andrés
Larroque. Básicamente, la iniciativa amplía enormemente el concepto de
"acto discriminatorio" e incorpora Internet y los medios de
comunicación al alcance de la normativa.
Aunque sus promotores pertenecen al corazón mismo del
kirchnerismo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presidido por el
también kirchnerista Horacio Verbitsky, expresó en octubre pasado su
"preocupación" al argumentar que la propuesta "pasa por alto
estándares vinculados a la libertad de expresión". A pesar de esa posición
pública, que refleja divisiones en el propio oficialismo, el proyecto ya tiene
dictamen favorable de la Comisión de Derechos y Garantías, y avanza hacia las
de Comunicaciones e Informática y de Libertad de Expresión. En síntesis, podría
tener media sanción antes de las primarias.
El proyecto también crea una nueva figura penal -algo
especialmente peligroso en el ámbito de la expresión de las ideas- al reprimir
con penas de un mes a tres años los nuevos actos discriminatorios. A priori,
los objetivos de la iniciativa son loables (lograr una sociedad mejor, más
abierta y tolerante), pero su ambigua e imprecisa redacción deja la puerta
abierta a todo tipo de abusos sobre la libertad de expresión individual, la
libertad de prensa y el derecho a la comunicación de todas las personas.
En este ámbito, el kirchnerismo (unas veces en soledad y
otras con aliados de la oposición) recorrió en la última década un largo camino
de buenas intenciones legislativas desde la sanción de la ley de medios
audiovisuales (en 2009), la ley antiterrorista (2014) y la ley de
telecomunicaciones (llamada Argentina Digital, de 2015), entre otras. Buenas
intenciones que dieron lugar a peligrosas herramientas jurídicas que siguen en
vigor.
Sin lograr demasiado que se los escuche, especialistas en
libertad de expresión y regulación de Internet vienen advirtiendo en los
últimos días sobre los peligros del proyecto de ley. "Si bien comparto el
objeto de la proyectada norma, la manera que propone cumplirlo es por lo menos
descuidada. Por ejemplo, de acuerdo con la redacción actual, pueden caer dentro
del concepto de acciones discriminatorias ciertas expresiones permitidas de
acuerdo con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos.
Además, insinuar que se deban remover contenidos por el simple pedido de un
particular puede promover actos de censura por parte de los administradores de
sitios de Internet", afirmó Eduardo Bertoni, ex relator de la libertad de
expresión de la OEA y actual director del Centro de Estudios en Libertad de
Expresión y Acceso a la Información (CELE).
"Un marco difuso de responsabilidad de los
intermediarios sólo contribuye como incentivo a la censura privada, ya que
ningún medio de comunicación o plataforma de contenidos web querrá asumir el
riesgo de ser acusado civil o penalmente por la mera defensa de los comentarios
de sus usuarios", afirmó Beatriz Busaniche, secretaria de la Fundación Vía
Libre, entidad dedicada a la difusión de los derechos en la era digital.
"La amplitud en la definición de contenidos
discriminatorios, la incorporación de plataformas y servicios de Internet, la
inclusión de tipos penales y la no definición clara de intermediarios nos
llevan a concluir que el proyecto de ley antidiscriminación colisiona con los
principios de proporcionalidad indispensables en toda regulación sobre el
discurso público. El texto de la ley tal como está expresado actualmente no
parece ser la solución apropiada frente a la problemática de la discriminación
y el discurso de odio. Más bien, se constituye en una amenaza clara a la
libertad de expresión", agregó Busaniche.
El intento de regular los contenidos en las plataformas
digitales en la Argentina tuvo su momento cúlmine en 2013 cuando la Legislatura
de Entre Ríos, tras una serie de saqueos presuntamente organizados, trató una
resolución para pedirle al gobernador kirchnerista Sergio Urribarri a
establecer "restricciones al uso de las redes sociales y otras plataformas
en casos de "conmoción interior". Aquella vez, la propuesta, del
diputado provincial Rubén Oscar Almará, finalmente quedó en la nada.
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