El fiscal federal Carlos Rívolo amplió la imputación en la
causa Los Sauces SA, tras una denuncia de Stolbizer por presuntos
"sobornos"; ordenó analizar el papel de Máximo
El fiscal federal Carlos Rívolo imputó por supuesto cohecho
a la ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner , al detenido empresario
Lázaro Báez y a Cristóbal López en la causa que investiga a la sociedad Los
Sauces SA, perteneciente a la familia de la ex mandataria. Además se ordenó
analizar el papel del diputado nacional Máximo Kirchner, también accionista de
la firma bajo sospecha.
Rívolo, que elevó la acusación al juez federal Claudio
Bonadio, quien mantiene el secreto de sumario en el expediente en el marco de
búsqueda de información.
Como medida previa a la imputación el fiscal Carlos Rívolo
solicitó establecer si hubo dividendos cobrados después de diciembre último,
cuando Máximo Kirchner pasó a ser un funcionario público como diputado de la
Nación por el Frente para la Victoria.
Es que el delito de cohecho prevé una pena de prisión de uno
a seis años e inhabilitación especial perpetua para "el funcionario
público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra
dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar
de hacer algo relativo a sus funciones".
La denuncia
La medida de la fiscalía se resolvió a partir de una
ampliación de denuncia de Margarita Stolbizer , quien señaló que el retorno de
dinero mediante esos alquileres que recibió Cristina Kirchner es un soborno por
la obra pública con sobreprecios que le fue adjudicada a Lázaro Báez.
"Nos parece necesario que el juez investigue el delito
de cohecho, más conocido como soborno. Está muy claro que hay devolución de
favores. Ese retorno se hacía por sumas millonarias a través de la sociedad Los
Sauces. El Código Penal establece como delito de cohecho la aceptación de
dádivas a partir del beneficio que se le otorga a una persona, en este caso, a
las empresas de Lázaro Báez", dijo la diputada tras presentar ese escrito.
La denuncia se basa en parte en una auditoría de Vialidad
Nacional que estableció que las empresas de Báez obtuvieron el 73% de las
licitaciones en obras de la provincia de Santa Cruz durante las presidencias de
Néstor y Cristina de Kirchner. Se trata en total de 51 obras que representan
16.386 millones de pesos, de las que sólo se han finalizado 24 obras. Hasta
diciembre de 2015, las empresas del Grupo Báez habían cobrado cerca de $9037
millones.
Las obras adjudicadas a Báez tienen como características:
duplicación de los plazos originarios establecidos, aumentos groseros de los
costos y falta de cumplimiento de las condiciones de contratación, dijo la
diputada.
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