Julio De Vido, a juicio oral por la tragedia de Once
El ex ministro de Planificación de Cristina Kirchner es
investigado por su responsabilidad penal en el choque ferroviario que causó la
muerte de 51 personas
El exministro de Planificación, Julio De Vido, fue enviado a
juicio oral y público por la tragedia en la estación Once, donde murieron 51
personas y otras 789 resultaron heridas. En la causa, a cargo del juez federal
Claudio Bonadio, se investiga su responsabilidad penal.
De Vido había quedado al borde del juicio oral en la última
semana de agosto, cuando el fiscal federal, Ramiro González pidió elevar el
expediente, y solicitó que se investigue al ex funcionario por administración
fraudulenta y estrago culposo.
El juez Bonadio procesó a De Vido por el choque en la
terminal ferroviaria en un dictamen que tiene la confirmación de la Cámara
Federal. En el marco de esa decisión, el juez le trabó un embargo de 600
millones de pesos.
Bonadio procesó a De Vido como supuesto coautor del delito
de descarrilamiento y presunto partícipe necesario del delito de defraudación
contra la administración pública por administración fraudulenta.
González consideró concluida la investigación y pidió que,
además de De Vido, también Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), fueran a
juicio oral.
Los cargos son "estrago culposo, agravado por el
resultado de muerte y lesiones, y defraudación por administración fraudulenta
agravado por ser en perjuicio de una administración pública".
El fiscal, con su pedido de llevar a juicio oral a De Vido y
a Simeonoff, se sumó a las solicitudes que, en el mismo sentido, ya habían
realizado la Oficina Anticorrupción y las querellas de los familiares de las
víctimas.
El ex titular de la cartera de Planificación, al que las investigaciones
judiciales no habían alcanzado durante el kirchnerismo, ya tiene tres
procesamientos, todos por motivos de su gestión en materia ferroviaria. Además
de la tragedia de Once, el ex ministro está procesado por irregularidades en la
renegociación de los contratos ferroviarios y por la compra de vagones
inservibles a España y Portugal.
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