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lunes, 11 de abril de 2011

Indec y FMI desprestigio explícito




 Indec y FMI

Todos aquellos estridentes discursos en contra del Fondo Monetario Internacional (FMI), al parecer, han quedado en el olvido. Ahora el gobierno argentino busca en el FMI,  más credibilidad a las realmente poco creíbles estadísticas del Instituo de Censo y Estadística Nacional ( INDEC). El desprestigio del INDEC a cargo del infame Guillermo Moreno necesita  mostrar que los índices de inflación son bajos, a pesar que se sabe, que lo que realizan allí, carece de seriedad a partir de que el instituto fue vaciado de los verdaderos profesionales en la materia que los integraban, quienes fueron echados y reemplazados por ineptos e improvisados adherentes a la causa kirchnerista, arriados por Moreno, para mentir sobre los verderos números del país . Ahora el gobierno, obligado y contradictorio a la realidad vuelve a trabajar con el FMI.

La misma  presidente Fernandéz de  Kirchner en, noviembre de 2010, había anunciado  como un triunfo del Gobierno la negociación de un acuerdo con el Club de París por el pago de una deuda de alrededor de US$ 6700 millones en default sin intervención del FMI. Mientras al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) retornaba a la Argentina. En el marco de la “asistencia técnica” solicitada por el Gobierno para la elaboración de un índice de precios al consumidor (IPC) de alcance nacional, con lo que finalmente el organismo multilateral de crédito tendría finalmente el acceso a las cuestionadas estadísticas socioeconómicas elaboradas por el Indec.

El propio kirchnerismo poco se acuerda donde quedaron  las palabras de su lider Nestor Kirchner
cuando decía :el 7 de noviembre de 2010 

"Que el FMI deje de darnos lecciones"
"Yas rompimos con esas ataduras, que trajeron hambre y tragedia a Latinoamérica y a Argentina"

hoy que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "tiene poco y nada que ver con la Argentina" y pidió que "no nos den más lecciones" sobre el rumbo de la economía que debe seguir el Gobierno. "Nosotros que ya pagamos, le pedimos que no nos den más lecciones porque muchos dolores de hambre y tragedia trajeron a Latinoamérica y a Argentina¨

Pertenecer  tiene su costo


En aquellos momentos la mención de Kirchner al FMI llegaba en momentos en que el organismo internacional hacia una advertencia a la Argentina sobre la obligatoriedad de someterse a las supervisiones por formar parte del G-20.  

Tiempos modernos


Mientras tanto en se segunda visita a la Argentina el FMI afirma que los analistas privados estiman que el índice de crecimiento de la economía ha sido "significativamente más bajo" que el oficial. Y que el de la inflación ha sido "mucho más alto" que el que se elabora bajo la supervisión del secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
La deuda con el Club de París y la falta de credibilidad de las estadísticas oficiales son actualmente los principales obstáculos para que la Argentina vuelva al mercado voluntario de crédito a tasas similares a las de sus socios de la región y son la razón por la cual el Gobierno se resiste a admitir la supervisión del Fondo, en el marco del llamado artículo IV. 


Finalmente apenas terminada la segunda visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) para asesorar en la elaboración de un índice de costo de vida confiable, el organismo volvió a poner en duda los índices de inflación en nuestro país.

jueves, 7 de abril de 2011

La información pública, una cuenta pendiente



La información pública, una cuenta pendiente

Hoy, muchas dependencias estatales no están cumpliendo con su obligación de informar, un requisito básico para juzgar su gestión.

El Ministerio de Seguridad no tiene página web, las estadísticas de criminalidad de 2008 fueron publicadas con dos años de atraso, y los parlamentarios no publican sus declaraciones juradas. Estos son algunos ejemplos de la falta de información pública disponible, una condición indispensable para el control ciudadano de los actos públicos y el ejercicio de sus derechos.

El Estado tiene el deber de asegurar la transparencia de su gestión. No sólo debe responder ante pedidos de información por parte de los ciudadanos, sino también difundir activamente los datos relevantes. Así lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que explicitó en su informe de 2009 la obligación de máxima divulgación: “El principio de máxima divulgación ordena diseñar un régimen jurídico en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla general sometida a estrictas y limitadas excepciones”. El principio detrás es que “el acceso a la información es la regla, y el secreto la excepción.”

Ese régimen jurídico no existe hoy en la Argentina, según explicó Ramiro Álvarez, director del Área de Acceso a la Información de la ONG Asociación por los Derechos Civiles, “aunque existen herramientas legales en ciertos ámbitos, como el Poder Ejecutivo Nacional, con el decreto 1172/03, o en la Ciudad de Buenos Aires, no hay un marco legal nacional que facilite el acceso a la información”. El decreto firmado en 2003, establece la obligación del Gobierno a responder a los pedidos de información, cuando estos no involucren información sensible o personal.

Pero existe un proyecto de ley sobre acceso a la información pública, aprobado en el Senado -pero sin la media sanción de Diputados-, que va más allá, al estipular la necesidad de una “transparencia activa” por la cual “los sujetos obligados deben mantener la información pública a disposición permanente de la ciudadanía y de forma actualizada.”

No es el caso hoy, cuando muchas dependencias del Estado no publican o no actualizan su información. A continuación, una lista de ejemplos:
En 2008, el Ministerio de Desarrollo Social se negó a brindar información sobre los padrones de beneficiarios de ayuda social, pese a que la Justicia determinó que era una medida arbitraria.
El Ministerio de Planificación sólo publicó la ejecución de su presupuesto hasta 2008.
En 2009, el Gobierno canceló la actualización del sitio Mejor Democracia, pasando a la órbita de Jefatura de Gabinete de Ministros, que facilitaba el acceso a documentos de poder estatal.
En 2010, sólo 2 de los 300 diputados presentaron su declaración jurada, según informa el sitio oficial de la Cámara baja.
La Oficina Nacional de Presupuesto sólo tiene publicada su ejecución hasta noviembre de 2010.
El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires no publica estadísticas de criminalidad desde 2008.
Además de presentar información atrasada, muchos sitio no publican datos sobre ciertos temas, o los presentan de maneras que dificultan la compresión. Por ejemplo, la Jefatura de Gabinete publicó -no de manera espontánea, sino como resultado de un pedido de información- el reparto de la publicidad oficial del segundo semestre de 2010. Al hacerlo, no distinguió por el medio de comunicación que se usó, sino por “proveedor”. Muchas veces un mismo grupo mediático figura como varios proveedores, lo que hace necesario un análisis detallado del documento y dificulta la comprensión del destino de los gastos del Gobierno en comunicación.

Otros países en Latinoamérica están más avanzados en el acceso a la información, “México y Chile son vistos como modelos en el tema”, explicó Álvarez, “porque tienen organismos dentro de la administración encargados de exigirle a las dependencias la información. Además funcionan como una especie de tribunal, determinando cuándo debe darse o no la información, y sientan así jurisprudencia.”

fuente
http://www.chequeado.com/