Es ley la figura del arrepentido para casos de corrupción
Tras sufrir varias modificaciones, la iniciativa fue votada
por unanimidad; hasta ahora regía para narcotráfico y terrorismo
Después de varios meses de debate, la Cámara de Diputados
convirtió ayer en ley el proyecto que amplía la figura del arrepentido prevista
en el Código Penal a los casos de corrupción, los delitos contra el Código
Aduanero y asociación ilícita.
La norma, que se aprobó por unanimidad con 137 votos
positivos, establece una reducción de las penas a toda persona imputada o
condenada, con o sin sentencia firme, cuando durante la sustanciación de un
proceso del que sea parte brinde información o datos precisos y comprobables.
La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo, pero
durante el debate parlamentario recibió varias modificaciones del Frente
Renovador primero y del Senado después. Finalmente se aprobó por unanimidad
gracias al apoyo del oficialismo y del bloque de Sergio Massa, pero sin la
presencia del Frente para la Victoria (FPV) y de algunos bloques de izquierda,
que adhirieron al paro convocado por las mujeres en contra de la violencia de
género.
En la actualidad, la legislación contempla la figura del
arrepentido para los delitos de privación ilegítima de la libertad, trata de
personas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico.
Ahora, con esta ley, se incorporarán los casos de corrupción, pero con algunas
limitaciones: en ningún caso el arrepentido podrá acceder a la eximición de
prisión. Además, sólo podrá acogerse al beneficio en caso de que la información
que proporcione esté referida a delitos tipificados con una pena igual o mayor
a la suya.
En tanto, si el arrepentido tuviera una pena de reclusión
perpetua, la reducción no podrá ser mayor a 15 años.
La norma también establece que el acuerdo de colaboración se
celebrará exclusivamente entre el fiscal y las personas que brinden
información, y no aplicará para los casos que se investiguen delitos de lesa
humanidad.
Entre las modificaciones que introdujo el Senado, se
encuentra el artículo que establece que el plazo límite para ejercer el derecho
a arrepentirse sea la elevación a juicio oral de la causa.
Otro de los artículos que se agregó establece que el
arrepentido puede acogerse a ese beneficio sólo en un proceso penal del que es
parte, y apuntar a personas con su misma responsabilidad o mayor.
Asimismo, la ley establece que sólo podrá referirse a situaciones
de las que estuvo involucrado y nunca a declaraciones de terceros.
"Esta ley ha sido uno de nuestros compromisos en la
campaña electoral, la lucha contra el crimen organizado", destacó el
diputado Luis Petri (Cambiemos), presidente de la Comisión de Seguridad
Interior. "Y en ese ataque decidido necesitamos dotar al Poder Judicial de
herramientas que permitan juzgar a las cabezas", insistió.
Según el texto, para que una persona "arrepentida"
sea beneficiada con una reducción de su pena del beneficio será necesario que
los datos aportados "contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la
permanencia o consumación de un delito, esclarecer el hecho objeto de
investigación u otros conexos, revelar la identidad o paradero de autores o
partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos, proporcionando
datos suficientes que permitan un significativo avance de la
investigación".
En ese sentido, la iniciativa establece que "será
reprimido con prisión de 4 a 10 años y con la pérdida del beneficio concedido
el que proporcione maliciosamente información falsa o datos inexactos".
La sanción de la ley generó celebraciones ayer entre los
dirigentes que apoyaron la iniciativa.
"Queremos corruptos presos, se llamen como se llamen y
hayan ocupado el cargo que hayan ocupado", escribió ayer en Twitter el
diputado Sergio Massa.
"Una ley contra mafias y corruptos. ¡Ahora es tiempo de
que el Poder Judicial haga su trabajo!", tuiteó, en tanto, el diputado
Fernando Sánchez (Coalición Cívica).
"[Es] un avance importantísimo en el compromiso de
lucha contra la corrupción en la Argentina", señaló, por su parte, la
titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, también en la red social.
Sancionan el castigo al uso de precursores
El Senado sancionó ayer la ley que castiga con penas de
prisión de hasta 15 años a quienes desvíen precursores químicos para la
elaboración de estupefacientes. El texto había sufrido una ligera modificación
por la Cámara de Diputados, cambio que fue aceptado por la Cámara alta.
La norma, iniciativa de la senadora kirchnerista entrerriana
Sigrid Kunath, establece la obligatoriedad de mantener un registro actualizado
de materiales considerados precursores químicos de estupefacientes.
Penaliza, además, a la persona que, por cualquier medio,
ingrese "en la zona de frontera o desviare de los canales legales
regulados por la normativa" productos y sustancias químicas
"esenciales para la producción ilegal de estupefacientes".
Insólita queja por una distinción a Sabat
La sesión del Senado tuvo un tenso inicio cuando la
ultrakirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), secundada por varias
legisladoras del FPV, planteó una insólita cuestión de privilegio contra la
vicepresidenta Gabriela Michetti y Julio Cobos (UCR-Mendoza) por haber
entregado la distinción Domingo Faustino Sarmiento al artista plástico
Hermenegildo Sabat.
Amparada en el discurso de la violencia de género, Fernández
Sagasti utilizó la cuestión de privilegio para criticar a Sabat y defender a la
ex presidenta Cristina Kirchner.Así lo dejó en claro la senadora, al afirmar
que Sabat "es autor de varios dibujos y caricaturas de la ex presidenta
Kirchner" que, según sostuvo Fernández Sagasti, fueron "una apología
abierta a la violencia simbólica e institucional".
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