Lo determinan los tiempos procesales de las causas más
sensibles
La visita a los tribunales de Cristina Kirchner del lunes 31
de octubre es parte de un largo derrotero que durante todo el año próximo
también la tendrá con mucha frecuencia en el edificio de Comodoro Py 2002.
Esto es consecuencia de los tiempos procesales de las tres
causas principales que la mantienen en la mira: el caso del direccionamiento de
la obra pública para favorecer a Lázaro Báez (anteayer fue potenciada por una
ampliación de la denuncia por parte de los fiscales); la causa Hotesur, en la
que está bajo la mira judicial por recibir dinero del empresario en
compensación, en forma de alquileres de habitaciones de hotel, y el caso Los
Sauces, que es la misma maniobra anterior, pero con alquileres de inmuebles.
Por lo pronto, la ex presidenta dará el primer paso el lunes de la próxima semana cuando se presente ante el juez federal Julián Ercolini para ser indagada por el caso de la obra pública que benefició a Báez.
Su abogado Carlos Beraldi ya anticipó que se va a presentar
ese día en tribunales y que no pedirá postergar el interrogatorio, a pesar de
la presentación que el viernes pasado realizaron los fiscales Gerardo Pollicita
e Ignacio Mahiques aportando 200 carillas con nuevas evidencias.
Su estrategia es la misma que eligió Báez para defenderse:
pedir que no sólo investiguen los contratos de obra pública que beneficiaron a
Báez, sino también a todos los otros empresarios de la construcción, incluidos
los cercanos a Mauricio Macri, como su primo Ángelo Calcaterra. En definitiva,
un mecanismo para complejizar la trama judicial.
Tras la indagatoria de Cristina Kirchner, Ercolini
continuará indagando al resto de los acusados en esa causa. Son en total, 17
declaraciones.
Además de la ex presidenta, el juez citó al ex ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido; al ex secretario de Obras Públicas, José
López; al ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti; a Báez y a su hijo
Martín; a otros funcionarios que dependían de De Vido y a quienes manejaban las
obras viales en Santa Cruz.
El calendario de Ercolini lleva los interrogatorios hasta
fin de mes. Eso sin considerar que puede haber algunas postergaciones como la
de De Vido, que enfrenta otras causas en tribunales.
Así las cosas, lo más probable es que hasta fin de año los
fiscales no puedan concluir su trabajo para escribir un pedido de procesamiento
de la ex presidenta. Y Ercolini podrá recién procesarla luego de la feria
judicial de verano, es decir en febrero.
Esta decisión le abre el camino a la ex mandataria para
apelar la decisión ante la Cámara Federal y eventualmente ante la Cámara de
Casación Penal, con lo que pasaría todo 2017 hasta llegar a un fallo que deje
firme el procesamiento y permita elevar su caso a juicio oral. Esto sin considerar
la catarata de recursos, nulidades y recusaciones que puede presentar en los
tribunales de apelación.
En el caso de la obra pública los fiscales sostiene que
desde la cúpula del Poder Ejecutivo, primero Néstor y después Cristina
Kirchner, idearon y dirigieron un plan criminal para convertir al "amigo
presidencial" Lázaro Báez, monotributista y empleado de banco, en un
empresario de la construcción, al que le asignaron, a través de funcionarios de
su más estrecha confianza, "prácticamente el 80% de las obras viales"
de Santa Cruz en forma discrecional, con enormes beneficios y sin controles.
Sobre la base de una denuncia de la nueva gestión de
Vialidad Nacional sostuvieron, por ejemplo, que de 49 obras adjudicadas al
grupo Báez, sólo dos se terminaron en el plazo previsto. Y anteayer abundaron
al sostener que los ex presidentes ampliaron el presupuesto nacional para dotar
de fondos a Vialidad y poder pagarle así las obras a su amigo Báez.
Lo hicieron mediante la ley de presupuesto, pero también
mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU) y asignando el control de un
fideicomiso especial a Vialidad para financiar obras.
A estas evidencias sumaron el hallazgo de irregularidades en
los contratos de obra y el hecho de que mientras Báez era beneficiado con estas
licitaciones, Néstor y Cristina Kirchner hacían negocios de compraventa de
propiedades con el empresario, o constituían fideicomisos donde la ventaja la
obtenía el matrimonio presidencial.
Esta suerte de retorno de favores en dinero es lo que se
investiga en Hotesur, la causa que corre paralela. Aquí se investiga la
hipótesis de que Báez devolvía favores a los Kirchner en forma de dinero.
En este caso mediante el alquiler de habitaciones de los
hoteles de los Kirchner que fueron ocupadas y que eran pagadas por empresas del
zar de la obra pública santacruceña.
Esta causa está en manos del mismo juez, Ercolini, y de los
mismos fiscales, Pollicita y Mahiques.
El cronograma de trabajo en Hotesur, otra gran causa que
complica a la ex presidenta, es más holgado. Un equipo de la fiscalía recién
estaría en condiciones de empezar a trabajar en un pedido de indagatoria a fin
de año.
En este caso recién podrían presentarlo en febrero del año
próximo. Es decir, una vez que Ercolini ya haya resuelto la situación procesal
de Cristina Kirchner.
Con esto, una nueva indagatoria de Cristina Kirchner en
Hotesur recién podría ser posible al finalizar el primer trimestre de 2017 o
bien entrada la primera mitad del año.
Lo que Ercolini y los fiscales quieren evitar es un
prolongado peritaje que sabe que enterraría los casos por años.
A partir de ahí seguirá el proceso de apelaciones que
llevará el caso con comodidad hasta fines de 2017 o comienzos de 2018 antes de
que puede ser elevado a juicio.
El caso Los Sauces es similar a Hotesur, pero la maniobra de
retorno de fondos a los Kirchner se realizó mediante el pago de alquileres de
inmuebles. Los que pagaron fueron Báez y también Cristóbal López, el empresario
del juego que financió la campaña presidencial 2013 y hoy soporta políticamente
al kirchnerismo desde su canal de televisión por cable C5N.
Sus tiempos se superponen con los de la causa Hotesur y los
de la obra pública, pero es probable que el juez Claudio Bonadio y el fiscal
Carlos Rívolo le den un envión para que haya algún avance antes de fin de año.
En 2017, el calendario judicial se mezclará con el
calendario electoral. El Gobierno quiere a Cristina Kirchner como la adversaria
en esa contienda, para dividir al peronismo. Y la encontrará recorriendo los
pasillos de tribunales.
www.lanacion.com.ar
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