Fue por diversas declaraciones de Carrió en las que habló de
Fernández, el narcotráfico y el triple crimen de la efedrina. Se rechazó una
acción de amparo y un pedido de habeas data para que Lilita responda 204
preguntas.
La diputada Nacional Elisa Carrió le ganó el quinto juicio
al Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, en este caso por diversas declaraciones
de Carrió en las que habló de Fernández, el narcotráfico y el triple crimen de
la efedrina.
Se trata del Fallo del Juez Eduardo Caruso, del 20 de
Febrero, en el que rechazó una acción de amparo y un pedido de habeas data para
que Lilita le responda 204 preguntas. Los defensores de Carrió habían
argumentado que se "pretende que la Justicia civil intervenga mucho más
allá de lo legalmente tutelado".
Al respecto, el juez respondió que "la invocada lesión
al "derecho de acceder a la información pública", no es pretexto para
acudir a la vía que se intenta".
En cuatro oportunidades y en causas diferentes que Fernández
le inició a Carrió por calumnias e injurias, la Justicia ha dictado el
sobreseimiento de la diputada. Aún continúa en trámite una demanda en la que el
Jefe de Gabinete reclama 100 mil pesos.
En la respuesta a la demanda del Jefe de Gabinete, los
abogados defensores de Carrió habían presentado un escrito que planteaba: “la
parte actora, pretende que la Justicia civil intervenga mucho más allá de lo
legalmente tutelado, volviendo a incurrir en cierto comportamiento
“inquisitivo”, tal como lo ha hecho con la demanda por daños y perjuicios que
se encuentra impulsando simultáneamente el Sr. Aníbal Fernández, también en
contra de la Dra. Carrió (...) en la que además de reclamar la suma de pesos $
100.000”.
El juez Caruso agregó: "la invocada lesión al
"derecho de acceder a la información pública", no es pretexto para
acudir a la vía que se intenta, no sólo porque en el ámbito de conocimiento de
este trámite abreviado no aparece "prima facie" vulnerado, sino que
porque además el actor parece querer justificarlo en orden a un interés que
excede el personal y atañe a una legitimación "popular" colectiva,
que no sólo no ha intentado representar, pues es claro que se presentó por su
propio derecho, sino que –además-, del modo en que lo propuso, no lo encuentra
legitimado".
En su defensa Carrió planteó: “tal como lo reconoce la
propia parte actora, se trata en todo caso, de opiniones vertidas respecto de
cuestiones de indiscutible interés público, como son aquellas vinculadas con el
tráfico de estupefaciente, la corrupción, el desvío de precursores químicos, el
lavado de dinero, entre otras, sobre las que la Dra. Carrió ha investigado
junto a sus colaboradores y compañeros de fuerza política, elaborando informes
y proyectos legislativos al respecto, así como realizando las denuncias penales
en el caso que hubiere corresponder”.
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