Que el pato lo pague Lázaro”. Ese mensaje en alusión a Báez
que recibió de Cristina Fernández, indujo al juez Daniel Rafecas a declarar su
incompetencia en la causa Hotesur. Esa sociedad hotelera, propiedad de la
familia Kirchner, permanece bajo sospecha por un aparente gigantesco lavado de
dinero. En el novelado kirchnerista resultaría similar al escándalo de la
estatal brasileña Petrobras que jaquea a Lula y al gobierno peteísta de Dilma
Rousseff. Una combinación apropiada entre el financiamiento clandestino de la
política y los provechos personales.
Después de aquella sugerencia, Rafecas cedió la causa a su
colega Julián Ercolini, que tenía una denuncia previa, del 2008, sobre presunta
“asociación ilícita” entre los Kirchner y Báez. Elisa Carrió, la primera
demandante, requirió a ese magistrado algunos resultados que jamás obtuvo.
Hotesur corre riesgo de ingresar en el típico laberinto de la Justicia
argentina. Hay un ejemplo reciente: Ariel Lijo convocó a declaración
indagatoria a ex funcionarios y empresarios aportantes de dinero ilegal en la
primera campaña de Cristina. Es un trámite que ya insumió nueve años. Se estaba
acercando a su prescripción. Margarita Stolbizer remarca siempre que el
desarrollo de las causas por corrupción en nuestro país promedian los catorce
años.
Rafecas no quiso inmolarse en aquella encerrona. Ni quedar
desairando un reclamo de la ex presidenta. Creyó haber cumplido con las
urgencias políticas kirchneristas cuando se hizo cargo de la causa Hotesur
luego del desplazamiento de Claudio Bonadio. Tuvo siete meses el expediente,
entre julio del 2015 y el 24 de febrero último, sin mover un papel. Ni siquiera
completó alguna de las pericias que le había solicitado el fiscal Carlos
Stornelli.
El reclamo para enterrar a Báez con el lavado de dinero
habría sido a esta altura, según la mirada del juez incompetente, un imposible.
Es cierto que el empresario K figuró desde el 2008, cuando Néstor Kirchner
compró el complejo, como parte de la sociedad administradora del Alto Calafate.
Pero fue la propia Cristina quien decidió borrar rastros en 2014 cuando divulgó
la integración de un nuevo directorio de Hotesur, sólo con familiares y ningún
vínculo con Báez. Rafecas, leyendo el expediente, se encontró con algunas
comprobaciones sorprendentes que había realizado Bonadio, su antecesor.
El juez que citó a Cristina para declarar en abril por la
extraña venta del Banco Central de dólares a futuro en el anochecer de su
gobierno, dio por hecha una irregularidad. La empresa Austral Construcciones,
propiedad de Báez y gran contratista del Estado, alquiló durante mucho tiempo
habitaciones del Alto Calafate para empleados de su compañía. No hay registros
de que hayan sido ocupadas alguna vez. Pero una pericia meticulosa profundizó
las presunciones sobre la maniobra de lavado de dinero.
Bonadio auditó el período entre julio y octubre del 2011.
Fue cuando el Sur argentino resultó tapizado por las cenizas del volcán
Peyehue, en erupción del lado chileno. Aerolíneas Argentinas informó, por
entonces, que había sufrido una retracción de ventas del orden de US$ 40
millones por los 1.600 vuelos cancelados a destinos patagónicos. LAN Chile
calculó sus pérdidas en US$ 20 millones por la suspensión de 925 vuelos. La
ocupación turística en El Calafate habría estado en un promedio del 20%. Con
excepción del Alto Calafate de los Kirchner, con lleno casi total. Turistas
brasileños, alemanes, franceses y japoneses cuyo traslado a esa ciudad nunca se
pudo comprobar. El tránsito terrestre, por la nube de cenizas, también
presentaba dificultades peligrosas.
Rafecas prefirió dejarle esa herencia ardiente a Ercolini.
Cristina redoblará su presión sobre ese juez en el seguimiento de dos
objetivos: tratar de zafar de la causa de corrupción que, a priori, más
comprometé a ella y su familia; hundir definitivamente a Báez con quien su
cuñada, la gobernadora Alicia Kirchner, mantiene una guerra declarada en Santa
Cruz. La provincia está asolada por un repentino desempleo que deriva de un
Estado superhabitado y de la cantidad de obras públicas que el empresario K no
hizo o dejó a medio camino. Un ejemplo ilustrativo: Báez construyó apenas el
30% de una autovía que debe unir Río Gallegos con la ciudad de Rada Tilly,
cobró el total de la obra y una actualización por mayores costos estimada en $
800 millones. Aquellas hostilidades en el suelo natal del kirchnerismo permite
empezar a avizorar algunas ruinas: uno de los principales obradores de Austral
Construcciones ha sido abandonado. Como una trinchera en desbande.
Cristina vive una contradicción permanente. Apoya a Alicia
con el ajuste económico y la demanda de fondos al Gobierno nacional. Pero
critica a Mauricio Macri cada vez que hace lo mismo. Esos vaivenes se advierten
también en su ánimo y sus instrucciones. Dialogó días pasados con un
kirchnerista que le sugirió moderar las posturas de los ultra K en el Congreso.
Pareció comprenderlo. Pero transmitió todo lo contrario a Héctor Recalde, el
jefe de diputados del FpV, y a Axel Kicillof. Máximo, su hijo, se comporta de
igual modo. Habla en la intimidad de la supuesta traición del peronismo que
negocia con macristas.
Nadie sabe si la ex presidenta es consciente de su pérdida
de poder. En 90 días asistió a la ruptura del bloque en Diputados, a
disidencias sonoras en el Senado y al escándalo que envolvió la salida del
camporista José Ottavis como jefe de la bancada del FpV en la Legislatura
bonaerense. La ocupación del Estado con militantes que ensayó sobre el final de
su mandato ha sido desmembrada, parcialmente, por el Gobierno. Los empresarios
afines durante la década están en extinción o se dedican, sobre todo, a la
protección de sus negocios. No hay un sólo gobernador pejotista que siga siendo
incondicional. Al contrario, algunos gozan con el desquite. Esos dirigentes
transan con Macri para aprobar el acuerdo con los fondos buitre simplemente
porque necesitan dinero para sostener sus gestiones. Quedaron con las arcas
exhaustas en la década ganada. Cristina carece de la billetera abultada del
Estado. El látigo dejó de asustar.
Ese inocultable paisaje de malestar y rebeldía habría llevado
a la ex presidenta a replantear su estrategia del regreso. Se había planeado
para este mes pero surgieron la citación de Bonadio y el estado deliberativo
del peronismo. Sus exégetas se ocupan de apuntar algo: su anterior
omnipresencia tornaría ahora más visible e inconveniente el prolongado
alejamiento. No alcanzaría con su participación en las redes sociales
coordinada desde un pequeño estudio que montó en su residencia de El Calafate.
Esa ausencia provoca tranquilidad en el macrismo. Cristina
en la arena podría representar un motivo de perturbación en el instante en que
el Gobierno se encamina a dar su primer paso crucial: el acuerdo con los fondos
buitre. Después deberá llegar, en serio, la lucha contra la inflación que
trepa. Casi 8% en dos meses. La amenaza principal para la buena expectativa
social que aún conserva Macri.
Aquella ausencia, sin embargo, se filtra entre los pliegues
de Cambiemos. Carrió está convencida de misiones discretas en la Justicia de
personeros de Macri tendientes a evitar una marea de acciones contra la ex
presidenta. De hecho, el ingeniero no está de acuerdo con la citación de
Bonadio. La diputada dice lo que otros callan por prudencia. El ministro Germán
Garavano percibiría límites en su administración.
El hombre apuntado, en ambos casos, es Daniel Angelici.
Abogado, presidente de Boca y del círculo chico de Macri. El dirigente hizo su
defensa –”nunca nadie me vio reunido con un juez”, explicó– pero el mundo
judicial conoce que uno de sus objetivos sería cubrir la Procuraduría General
de la Nación, el día que Alejandra Gils Carbó se vaya. Posee como candidato a
un fiscal que tuvo un papel activo luego de la muerte de Alberto Nisman.
Carrió presume, en cambio, que el objetivo de Angelici
podría consistir en aletargar las causas sobre corrupción, en especial la de
Hotesur, que amenazan a la ex presidenta. Cristina y su kirchnerismo han
comenzado a armar ante tal eventualidad un cobijo político. Enlazan las
denuncias contra la ex presidenta con la crisis de Brasil, donde a Lula le
pidieron el arresto preventivo. Suponen que el líder del PT y dos veces
presidente es sólo víctima de una persecución. Tal vez, cierta sobreactuación
de la Justicia los ayuda. Nunca habrían reparado en la opinión de Noam Chomsky,
el principal intelectual de la izquierda de EE.UU. que en octubre de 2015
(diario Perfil) describió: “El PT ha tenido éxitos pero la corrupción ha sido
muy grande. El partido se desacreditó a sí mismo”. Omiten que la investigación
por Petrobras –un formidable mecanismo de pago de coimas– arrancó en el 2014 y
que la semana pasada se condenó a 19 años de prisión a uno de los empresarios
de la construcción más poderosos de Brasil.
Detrás de Lula victimizan también a Evo Morales que recién
perdió el plebiscito para la reelección indefinida. Su caso sería un tráfico de
influencias y desórdenes de índole privado. También aparece Michelle Bachelet,
que tiene involucrado a su hijo –a quien hizo renunciar del Gobierno– y a la
nuera en un caso similar. La mandataria chilena, a diferencia de sus colegas,
admitió el hecho y se autoinculpó por reaccionar con demora. El imaginario
recorrido kirchnerista concluiría en la detención en Jujuy de la líder de Tupac
Amaru, Milagro Sala.
¿Qué hilo invisible y perverso podría estar uniendo esos
casos? Un intento de desestabilización regional. Maquinado por un imperialismo
impreciso. Hasta ligado, a lo mejor, con la próxima visita de Barack Obama.
Cháchara antigua y corroída.
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