En los últimos cuatro años el empresario patagónico no abonó
el impuesto a los combustibles; así financió la expansión de su emporio, ahora
en problemas
Durante sus últimos cuatro años en el poder, el kirchnerismo
permitió que el empresario patagónico Cristóbal López acumulara una deuda por
más de $ 8000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP). Y ese pasivo fiscal amenaza con tornarse impagable en el transcurso de
los próximos meses, según surge de los balances contables de Oil Combustibles y
otras empresas del Grupo Indalo, cuyas copias obtuvo y analizó LA NACION con la
ayuda de expertos contables y tributarios.
El dinero que cobró López corresponde al impuesto a la
transferencia de los Combustibles (ITC), pero no lo envió a la AFIP, según
surge de los balances. ¿Cómo funciona? Cada vez que alguien carga nafta en sus
estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4 a la
AFIP (es decir, el 26% del precio por litro), que se suman a otros impuestos y
tasas. Pero no lo hizo.
Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su
conglomerado de empresas al que bautizó Grupo Indalo. En otras palabras, López
no impulsó el crecimiento de su imperio con las ganancias del juego -divisas
que mandó en parte al exterior para, por ejemplo, comprar un casino en Florida,
Estados Unidos-, sino que lo hizo con fondos que debió girar al Tesoro
nacional.
El miércoles se consultó a un vocero de López y a su
socio, Fabián De Sousa. Les informó que quería conocer su versión sobre el
material a publicar. El vocero quedó en transmitir la inquietud. Al día
siguiente, pidió demorar la publicación unos días.
Y anteayer anunciaron la separación de los socios y el fin
del Grupo Indalo como se lo conocía hasta ahora, pero tanto López como De Sousa
se negaron a responder preguntas específicas sobre esta investigación. Ante la
prensa, De Sousa sólo sostuvo que la deuda impositiva acumulada "no es tan
grande" y que cuentan con "ingreso de caja suficiente" para
afrontarla, aunque reconoció que no pudo pagarla durante 2013, 2014 y 2015 por
diversos problemas de la macroeconomía. Afirmó además que sólo se limitó a
utilizar "todos los mecanismos legales disponibles para financiarse".
Según reconstruyó con la ayuda de contadores,
tributaristas y auditores, los ejes centrales de la operatoria que montaron
López y De Sousa se reducen a unos pocos pasos. Primero, fondearon Oil
Combustibles con el ITC por $ 6065 millones a junio de 2015, en tanto que el
resto de la deuda corresponde al ITC que tampoco pagaron desde entonces y a los
intereses acumulados sobre esa deuda, hasta orillar los $ 7400 millones, más
otros $ 600 millones en impuestos que también retuvieron otras empresas del
grupo. Total: $ 8000 millones.
El segundo paso llegó después. Con ese dinero, López comenzó
a fondear otras firmas de su grupo, entre las que descolló Inversora M&S
SA, que recibió $ 3300 millones, según surge de los balances analizados. Y el
tercer paso resultó inmediato. Inversora M&S SA comenzó a comprar activos o
financiar sus operaciones, lo que explicó la compra de medios de comunicación,
el banco Finansur y fábricas como Paraná Metal, o la supervivencia durante años
de compañías que no eran redituables.
Toda esta operatoria, a su vez, ocurrió durante un período
clave. Porque al mismo tiempo que López se fondeó con el ITC, el precio de las
naftas comenzó a subir. Y le alquiló al menos dos departamentos, una oficina y
cinco cocheras a la entonces familia presidencial Kirchner durante años a
cambio de varios millones de pesos, según se reveló en marzo de 2015. No
sólo eso. También le giró fondos desde su hotel El Retorno, en Bariloche, al
Alto Calafate, el principal hotel de los Kirchner en Santa Cruz.
Allí no se acaban los lazos cruzados. Porque la sobrina de
la ex presidenta -e hija de la gobernadora Alicia Kirchner-, Romina Mercado,
trabaja desde febrero de 2012 y hasta hoy en Inversora M&S SA, al mismo
tiempo que tomó las riendas como presidenta del directorio de Hotesur, la
sociedad controlante del Alto Calafate, según los registros laborales y
societarios.
Durante ese mismo período, además, distintas áreas del
Estado nacional mostraron indicios inusuales a favor de Cristóbal López. Desde
el Ministerio de Economía y la Aduana, por Álcalis de la Patagonia, hasta la
unidad antilavado (UIF) y el Banco Central (BCRA), por el banco Finansur, o la
Afsca para su ingreso en el sector de los medios.
Lo mismo ocurrió en la AFIP, que toleró la retención de esos
$ 8000 millones de pesos en impuestos atrasados por parte de López y De Sousa.
El organismo les permitió acumular esa deuda, luego convalidó que la colocaran
en múltiples regímenes de asistencia financiera (RAF) -planes de pago de hasta
seis cuotas que ofrecía el organismo tributario- y, por último, cuando el
volumen de esa deuda se tornó sustancial, les permitió consolidarla en
sucesivos planes de pago.
Una vocera de Ricardo Echegaray llamó el viernes a LA
NACION. Sin que mediara una pregunta específica, aclaró que el actual titular
de la Auditoría General de la Nación (AGN) ya fue investigado y sobreseído por
la Justicia por la entrega de los planes de pagos a López tras una denuncia de
Elisa Carrió. Lo sobreseyó el juez Sebastián Ramos, en marzo de 2014. Es decir,
seis meses después de que LA NACION revelara el primer paso de la operatoria
que López y De Sousa utilizaron para comprar activos de Petrobras en la
Argentina.
La benevolencia de la AFIP frente a Oil Combustibles durante
los últimos años contrasta, sin embargo, con la rigidez que el mismo organismo
mostró frente a las otras petroleras, que no pudieron cobrar y retener el ITC
sin correr el riesgo de afrontar las intimaciones y embargos del organismo
tributario. De hecho, ninguna de las otras grandes compañías que operan en el
país -YPF, Shell, Petrobras, Axion- mantiene deudas con la AFIP por el ITC.
"La operatoria habría terminado con una denuncia penal", indicó un ex
alto ejecutivo del sector petrolero que mantuvo varios cortocircuitos con el
kirchnerismo.
Ahora, además, las nuevas autoridades de la AFIP comenzaron
a intimar a Oil Combustibles, lo sometieron a controles más exhaustivos y le
comunicaron que no le permitirán que retenga nuevos fondos por el ITC.
Riesgo inminente
Según surge de los balances de diversas empresas del Grupo
Indalo, López y De Sousa concentraron esta maniobra fiscal en Oil Combustibles,
que acumuló más del 90% de toda la deuda tributaria. Y que, según anunciaron el
viernes, quedará a partir de ahora en manos de De Sousa.
Oil Combustibles es, a la vez, la firma con que adquirieron
algunos activos en la Argentina -pero no todos- de la petrolera brasileña
Petrobras, operación que quedó bajo la lupa judicial en Brasil por el presunto
pago de sobornos.
Los balances de Oil Combustibles reflejaron esa paulatina
acumulación del ITC que montaron López y De Sousa. Así, a mediados de 2010, la
petrolera informó una deuda con la AFIP por apenas $ 78.285; pero un año
después -y ya con la adquisición de activos de Petrobras en el país- subió a $
179,9 millones, y para junio de 2012 llegó a $ 1262,9 millones.
Pero la operatoria no sólo continuó, sino que se potenció y
expandió, hasta ahora correr el riesgo de resultar impagable. Así, en 2013, a $
1591,7 millones; en junio de 2014, a $ 3145,7 millones, y para mediados de
2015, a más de $ 6065 millones (entre deuda corriente y no corriente). Desde
entonces, además, continuó en ascenso hasta diciembre pasado ya que Oil siguió
sin girar a la AFIP cientos de millones de pesos correspondientes al ITC, a los
cuales se aplicaron los intereses.
Ahora, sin embargo, con más de $ 7400 millones de deuda
fiscal acumulados en Oil Combustibles, López y De Sousa afrontan serios
desafíos contables, financieros y tributarios para mantener a flote el Grupo Indalo,
coincidieron los analistas consultados . Los motivos son
múltiples:
-Según sus balances, Oil Combustibles sólo cuenta con un
patrimonio neto de $ 447 millones, mientras que su crecimiento respondió al
"apalancamiento" de la AFIP, y con un notable descalce de liquidez;
-Para obtener los planes de pago de la AFIP, López y De
Sousa promovieron la revaluación contable (no basada en una inversión real) de
los "bienes de uso" de Oil Combustibles por más de $ 1669,8 millones.
Es decir que los mismos bienes de la compañía que en junio de 2013 valían $
226,4 millones, un año después pasaron a valer 8,2 veces más: $ 1876,2
millones;
-Ese revalúo quedó a cargo de una pequeña firma sin mayores
antecedentes en el mercado, y aunque el revalúo se fijó en junio de 2014, según
la propia auditoría el informe se terminó seis meses después, el 15 de
diciembre de ese año;
-Transcurridos 21 meses desde que se computó ese revalúo, el
recálculo todavía se encuentra pendiente de la aprobación final de la Inspección
General de Justicia (IGJ), que durante el último año del gobierno kirchnerista
no resolvió si aprobaba o rechazaba esa operación contable;
-Como auditora externa, Deloitte también consignó la
revaluación como un riesgo latente para Oil Combustibles. "De no resultar
aprobada la revaluación -indicó-, el patrimonio neto disminuiría en
1.059.251.141 [pesos], el activo en 1.629.617.142 [pesos] y el pasivo no
corriente (impuesto diferido) lo haría en 570.366.001 [pesos]". Es decir
que pondría en serio riesgo a la compañía.
Sin embargo, la revaluación pendiente no es el único factor
de riesgo para Oil. Declaró entre sus activos los préstamos por más de $ 4300
millones que le otorgó a otras empresas del grupo (los $ 3300 millones que giró
a Inversora M&S SA-que ahora controlará sólo López-, más otros $ 350
millones a South Media Investments y $ 592,2 millones a "otras partes
relacionadas", entre otros). Pero según Deloitte, el recupero de ese
dinero es una pregunta abierta: "La realización y la cancelación a futuro
de los activos y pasivos entre empresas del grupo económico se encuentran
condicionadas al cumplimiento de los planes de negocios de cada unidad de
negocios en el corto y mediano plazo".
Así, según surge de los propios balances de Oil
Combustibles, si la IGJ no aprueba el revalúo contable de sus bienes o si las
otras empresas del Grupo Indalo no pueden devolverle el dinero prestado, la
petrolera mostrará un patrimonio neto negativo y quedará en condiciones de
disolución. Salvo, claro, que sus accionistas le inyecten fondos frescos por
montos multimillonarios. Más relevante aún, esos balances exponen las serias
dificultades que afrontan López y De Sousa para devolver los $ 8000 millones en
impuestos que adeudan a la AFIP. El viernes anunciaron el fin del Grupo Indalo
como era hasta ahora.
Una operatoria irregular
Cristóbal López articuló un mecanismo para eludir pagos a la
AFIP que fue cuestionada por una evaluadora
No hay comentarios:
Publicar un comentario