No hay chance: Máximo K tendrá que ser citado a declarar
Puede ocurrir ahora o más adelante. Puede suceder mientras
su madre, Cristina Fernández de Kirchner, aún sea Presidente de la Nación; o
cuando ya no lo sea. Pero Máximo Kirchner está atrapado sin salida: tendrá que
terminar declarando ante la Justicia por el tema Hotesur, al menos una
testimonial, quizá una indagatoria más comprometedora. Hay nuevas noticias al
respecto:
Entre los 35 allanamientos que ordenó el juez federal
Claudio Bonadio el 13/07, hubo un procedimiento en el Banco Patagonia, de El
Calafate (localidad de Santa Cruz), donde la Justicia secuestró documentación
de 48 cuentas de empresas y personas vinculadas a los negocios hoteleros de la
familia presidencial, con movimientos de hasta $7 millones en 1 día.
El 01/11/2013, en Río
Gallegos (capital de Santa Cruz), Máximo Carlos Kirchner abrió una cuenta
corriente en el Banco de Santa Cruz para Hotesur S.A., la firma con la que su
familia tiene el control del hotel Alto Calafate.
En aquel día, el hijo
de la Presidenta firmó ante el Banco de Santa Cruz una declaración jurada sobre
la “licitud y origen de fondos”, afirmó “bajo juramento” que su dinero
provendría de actividades legales vinculadas a la “hotelería”, y que tomaba
“conocimiento” de que la entidad bancaria podría requerir información sobre su
cuenta al Banco Central.
El problema de Máximo
consiste en que él registró como sede de la empresa una dirección que se
demostró que ya por entonces era “fantasma”, Belgrano 265.
Según pudo saber
Nicolás Pizzi, del diario Clarín, la Justicia se llevó información de las
cuentas bancarias de Hotesur SA, Valle Mitre, Idea SA y Negocios Inmobiliarios
SA, la sociedad donde Máximo Kirchner es socio de Osvaldo Sanfelice.
Los investigadores de
la Policía Metropolitana llegaron al Patagonia cerca de las 10 de la mañana con
un listado de 23 empresas. En la puerta los recibió la gerenta de la entidad,
que nunca se despegó de ellos hasta que se retiraron, cerca de las 16 horas.
En ese listado
inicial también estaban mencionadas las firmas Don Francisco SA, La Estación SA
(controla una estación Esso en Río Gallegos), Loscalzo y Del Curto
Construcciones SRL, Alucom, y Badial SA. Todas ellas pertenecen a Lázaro Báez y
pagaban habitaciones del hotel Alto Calafate, cuando estaba administrado por
Valle Mitre, otra firma del empresario patagónico.
Otra de las firmas
que tenía cuentas en esa sucursal era Diagonal Sur Comunicaciones, ligado a la
hija de Báez, Luciana. Casi a la misma hora, otro grupo de la Metropolitana
allanaba la sede de la empresa, en Río Gallegos, donde se encontró, tal como
reveló este diario, un servidor oculto que brindaba servicios de contabilidad y
estaba conectado en red con otras computadoras.
La causa sobre los
hoteles K se inició en noviembre del 2014 por una denuncia de la candidata a a
Presidente de Margarita Stolbizer.
Desde entonces, la
familia Kirchner usó los medios públicos para minimizar el papel que había
tenía Máximo en el manejo empresarial del hotel.
En la causa judicial,
en cambio, las pruebas indican lo contrario. Después de la muerte de su padre,
Máximo fue quien actuó como único accionista –en representación de los demás-,
en las asambleas de la empresa, eligió autoridades -con modos irregulares-, y
aprobó balances contables también sospechosos, entre otras cuestiones de ese
estilo.
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