Nuevas pruebas de que hubo protección oficial para Hotesur
Una carta documento muestra que se intimó a la empresa en
2013, pero luego todo quedó en la nada.
El expediente de la empresa de la familia presidencial
Hotesur SA en la Inspección General de Justicia (IGJ), carátula 1732049,confirma
que incurrió en un cúmulo sorprendente de irregularidades pero gozó siempre de
protección por parte de las autoridades del Ministerio de Justicia, cartera de
la que depende la IGJ y que controla La Cámpora a través del secretario de
Justicia y candidato a intendente de Lanús, Julián Alvarez.
A pesar de que Hotesur cometió reiteradas faltas contra la
normativa que regula el funcionamiento de las sociedades anónimas y se
iniciaron en dos oportunidades procesos sancionatorios, la firma hotelera de
los Kirchner fue beneficiada por el “cajoneo” de los respectivos expedientes.
Según explicaron a este medio abogados especializados en
trámites societarios y fuentes de la IGJ, las faltas cometidas por la firma
hotelera y la ausencia de sanciones son moneda corriente: los casos similares
se cuentan por miles. Sin embargo, sorprende que la empresa que está en el
centro de los negocios que justifican el importante aumento patrimonial de la
familia presidencial durante su estadía en el poder cometa este tipo de
desprolijidades.
Si se confirmara la hipótesis de que hubo una maniobra de
lavado en asociación con el empresario Lázaro Báez, la existencia de este tipo
de faltas menores mostraría una sensación de impunidad sorprendente. Estos
“errores” de gestión fueron la hendija que utilizó el juez Claudio Bonadio para
iniciar el caso caratulado “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/abuso de
autoridad y violación de deberes de funcionario público”, tras una denuncia de
la diputada nacional y candidata a la presidencia por Progresistas, Margarita
Stolbizer.
El 23 de marzo de 2013, la IGJ envió una carta documento a
Hotesur SA, por la cual la intima a “que en el plazo de 15 días hábiles” cumpla
con el requerimiento de inscribir autoridades, pagar tasas adeudadas entre 2010
y 2012, y presentar balances de los ejercicios 2008, 2011 y 2012. El
procedimiento quedó en la nada.
Algo similar ocurrió después del escándalo público que
siguió al allanamiento, decretado por Bonadio, de la sede social de la empresa
inscripta ante la IGJ en Lavalle 975, Ciudad de Buenos Aires, que resultó
ser ficticia, realizado por la Policía
Metropolitana el 18 de noviembre de 2014.
El secretario Alvarez anticipó en una conferencia de prensa
realizada cuatro días después del operativo que se impondría una sanción “de 3
mil pesos”.
Una resolución sancionatoria del 22 de enero de este año de
la Dirección de Sociedades Comerciales de la IGJ indicó: “Sanciónese a la
sociedad Hotesur SA con una multa de tres mil pesos que deberá hacerse efectiva
dentro del plazo de quince días”. Además, intimó a la firma a que en idéntico
plazo “cumplimente la obligación de inscribir sus autoridades, bajo
apercibimiento de aplicar mayores sanciones”. Pero, otra vez, el castigo no se
hizo efectivo.
SANCION. La carta documento muestra que se intimó a Hotesur en 2013, pero luego todo quedó en la nada. |
Ambos países. Estos datos se suman a lo que ya había
mostrado este medio en diciembre pasado: la protección para los negocios
presidenciales también motivó la creación de una regulación a medida
(Resolución 4/2014, del 12 de diciembre pasado) que se inició por un expediente
fechado en el mismo día en que Bonadio allanó la sede social de Hotesur SA.
Sanción de la IGJ |
La norma permitió que los representantes de la firma y el
resto de las empresas en falta pudieran regularizar su situación. Algo que, en
el caso de Hotesur SA, sólo fue logrado en parte. El 28 de noviembre de 2014 el
contador de la familia presidencial, Víctor Alejandro Manzanares, presentó una
nota ante la IGJ con los balances contables faltantes. Además, pidió una
prórroga para la cancelación de jurisdicción (esto es, para mostrar que la empresa
se había mudado a Río Gallegos) y la inscripción del directorio.
Respuesta del contador presidencial. |
Esto muestra que la firma fue “sorprendida” por el accionar
de la Justicia, pero también deja en evidencia que hay fuertes indicios de
irregularidades, porque el directorio al que se hace referencia, según la
información publicada por Hotesur SA en el Boletín Oficial del 24 de diciembre
último, había sido decidida en una asamblea “de fecha 26 de marzo de 2014”.
¿Por qué se solicitó una prórroga en noviembre para notificar una decisión tomada
ocho meses antes?
Una contradicción más
Las contradicciones en las que incurrió la empresa de la
familia Kirchner no dejan de sorprender. El lunes pasado la abogada María Cruz
Ceballos realizó una presentación en el juzgado federal de Daniel Rafecas, a cargo
de la causa desde el apartamiento de Claudio Bonadio. En el escrito “hizo
saber” que Hotesur tenía su sede legal en el estudio de la abogada, ubicado en
Avenida Leandro N. Alem 530, y explicó que sus empleados habían cometido un
error cuando, durante un procedimiento, negaron que estuviera allí la sede
social de la firma presidencial. Hace ya dos semanas Cruz Ceballos había
anticipado que se presentaría en la Justicia para aclarar el tema.
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