Denuncian que en el PAMI se montó una estructura paralela de
personal
Según Ocaña, que llevará el caso a la Justicia, el organismo
está incorporando a camporistas y duplicando funciones a partir de dos
resoluciones del interventor Di Cesare
Crear una estructura paralela para incorporar militantes, en
su mayoría integrantes de La Cámpora, parece ser el objetivo que persigue el
interventor del PAMI, el kirchnerista Luciano Di Cesare, según la denuncia que
en las próximas horas presentará la legisladora porteña Graciela Ocaña ante la
Justicia.
La ex directora del organismo durante los primeros años del
kirchnerismo pedirá una medida cautelar para que la Justicia suspenda la
aplicación de dos resoluciones que emitió el polémico director ejecutivo del
Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp).
Se trata de los dictámenes, que llevan los números 559/15 y
560/15, que modifican la estructura de todas las Unidades de Gestión Local
(UGL), cabeceras de cada región y donde se atiende la mayoría de los 4.600.000
afiliados que tiene el PAMI, la obra social más grande de América latina.
No se trata de cargos nuevos. De acuerdo con la denuncia
sobre este esquema, los nuevos ingresos son colocados en lugares que
generalmente ocupan trabajadores de carrera del organismo. Así, se duplica la
cantidad de personas por área.
Según la denuncia de Ocaña, la maniobra de Dicesare tiene
por objetivo "acomodar estructuras políticas ineficientes", en
particular de la agrupación que lidera el hijo de la Presidenta, Máximo
Kirchner. En 2007, año en el que Ocaña dejó la administración del organismo en
manos de Di Cesare, el PAMI tenía una planta de 10.700 empleados; hoy,
prácticamente se ha duplicado, ya que cuenta con unos 20.000 (entre
trabajadores de planta permanente y contratados).
"Están pagando dos veces para hacer lo mismo. Lo hacen
para meter gente de La Cámpora, es así. Lo mismo ocurre en otros organismos del
Estado. Pero lo más grave de este caso es que esa plata se la sacan a los
abuelos", dijo a LA NACION Ocaña.
La decisión de Di Cesare, que acompaña a la familia
presidencial desde que Néstor Kirchner lo nombró como director de la obra
social de Santa Cruz, en 1991, genera consecuencias directas sobre la atención
que reciben los afiliados. La atención a sus afiliados, su razón de ser, es
deficiente.
SIN FUNCIÓN CLARA
Además, los nuevos puestos que reparte la dirección del PAMI
no tienen funciones claras y eso genera a su vez un retraso en la compra de
insumos. Es que al eliminar las estructuras formales y crear las figuras de
"referentes", que no tienen competencias determinadas, en muchos
casos no hay quién se haga cargo de tomar las decisiones. "Cambió la
lógica de la institución. El dinero del organismo no es infinito ni está para
gastarlo en cualquier cosa", agregó Ocaña.
En la resolución 560/15 se explicita que "los agentes
que a partir de la fecha de notificación dejan de revistar como titulares de
unidades" seguirán "percibiendo un monto equivalente" al que
cobraban hasta ese momento.
"Para que quede claro: a partir del dictado de esta
nueva normativa interna, el instituto pasa a pagar doble sueldo en un sinnúmero
de cargos en las diferentes Unidades de Gestión Local de todo el país a
funcionarios que efectivamente ejercerán el cargo y a quienes dejan de
ejercerlo", explicó Ocaña en la denuncia que hoy presentará ante la
Justicia, a la que tuvo acceso LA NACION.
Desde hace meses el instituto, que administra el sexto
presupuesto más importante, con 57.000 millones de pesos, está en crisis, lo
que se traduce en un fuerte malestar interno y cuestionamientos crecientes a la
administración. Los trabajadores se encuentran en asamblea permanente y
denuncian la persecución de los que participan.
OTRAS CAUSAS
La denuncia de Ocaña se suma a otras causas que el
interventor Di Cesare tiene abiertas en la Justicia.
La más relevante de estas denuncias es la que lleva adelante
el juez federal Claudio Bonadio, quien investiga préstamos que hizo el PAMI al
gobierno nacional. El interventor discontinuó el Fondo de Garantías
Prestacional, destinado a garantizar las prestaciones del organismo en caso de
crisis y que llegó a acumular en 2007 cerca de $ 4500 millones. En parte, estos
fondos se utilizaron para prestarle dinero fresco al Tesoro de la Nación a
cambio de Letras del Tesoro (Letes).
Como adelantó Clarín esta semana, el fiscal Franco Picardi
-integrante de la organización judicial Justicia Legítima, cercana al
kirchnerismo- le solicitó al juez Bonadio que acote sólo al año 2012 la
investigación sobre este desvío de fondos, aunque la operación comenzó en 2008.
El juez, que ya allanó dos veces la sede central de la entidad, rechazó el
pedido de Picardi y ahora aguarda los resultados de un peritaje para avanzar
con la pesquisa. Según pudo saber LA NACION, Di Cesare podría ser llamado a
indagatoria el próximo mes.
Además del caso que lleva adelante Bonadio en su juzgado, el
interventor del instituto es investigado por supuesta malversación de fondos
públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y
presunto enriquecimiento ilícito por obras inconclusas y el pago de alquileres
sospechosos; el encargado de llevar adelante esta causa es el juez federal
Julián Ercolini.
LA NACION intentó comunicarse con las autoridades del PAMI,
pero no obtuvo respuesta desde el organismo.
PROTESTAS Y DENUNCIAS DE LOS TRABAJADORES
Los trabajadores del PAMI vienen denunciando desde hace
varios meses un deterioro de la obra social de los jubilados. La última
movilización de protesta fue en agosto pero siguen en estado de movilización
permanente.
Las quejas están concentardas en un incremento de la
cantidad de afiliados y una baja en la calidad del servicio de prestación
médica. En la actualidad, cinco millones de jubilados y pensionados utilizan
sus servicios médicos y sociales. Pero los trabajadores del PAMI aseguran que,
"paradójicamente, la decisión política del interventor de PAMI es reducir
su capacidad de atención".
Para sostener esta denuncia se basaron en las resoluciones
internas (559 y 560/15) que establecen, entre otras cosas, la eliminación de
las áreas de atención social y médica en las sedes locales de PAMI; la
restricción de las autonomías de cada una de las oficinas locales, concentrando
las decisiones en la administración central de PAMI y la eliminación de la
auditoría médica y el control de prestaciones.
Las movilizaciones de protesta que realizaron los los
trabajadores del PAMI estuvieron sustentadas en todos los casos en el eslogan:
"Contra el vaciamiento prestacional que impulsa Luciano Di Cesare".
Persiguen la derogación inmediata de las polémicas resoluciones internas.
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