El Gobierno suprimió las restricciones para acceder a los
archivos del organismo que fiscaliza a empresas.
La Casa Rosada le puso fin al cepo informativo que La
Cámpora había impuesto en la Inspección General de Justicia (IGJ) para ocultar
datos sensibles en causas que rozaban de cerca al gobierno de Cristina
Kirchner, como el caso Ciccone y Hotesur.
A través de una resolución publicada hoy el Boletín Oficial,
el Gobierno de Mauricio Macri derogó una norma que el kirchnerismo impuso en
enero de 2012 para restringir -o directamente negar- el acceso a información
sobre empresas denunciadas por presuntos casos de corrupción, una medida muy
criticada por la oposición.
Ahora, el gobierno puso “a disposición de los interesados
que así lo requieran las actuaciones archivadas obrantes” en la IGJ, el
organismo encargado de registrar y fiscalizar a las sociedades comerciales y
otras entidades, por donde circula información clave para develar maniobras
irregulares.
El nuevo titular de la IGJ, Sergio Brodsky, adoptó la medida
en razón de que “resulta necesario asegurar la conservación de aquellos
documentos que realmente tienen valor permanente” y para “facilitar la búsqueda
y el ordenamiento tanto de los documentos activos como los inactivos”. La
resolución recuerda que según un decreto de 1982 las actuaciones de la IGJ
“revisten carácter público y estarán a la libre consulta de los interesados”.
Durante los últimos años del kirchnerismo, la IGJ estuvo en
manos de La Cámpora, que hizo todo lo posible por bloquear la entrega de
información en dos casos paradigmáticos de las denuncias de corrupción contra
Cristina y su entorno: Ciccone y Hotesur.
En el primer caso, por el que está procesado y camino a
juicio el ex vicepresidente Amado Boudou, se denunció que la IGJ “perdió”
expedientes sensibles para la investigación, vinculados a las firmas The Old
Fund, Ciccone Calcográfica y London Supply, las implicadas en la trama de
corrupción. Esos documentos fueron “reconstruidos” por el organismo, pero
habrían sido adulterados para quitarle datos sobre las maniobras irregulares.
En tanto, en el caso Hotesur la diputada nacional Margarita
Stolbizer denunció que la conducción de la IGJ no controló a la firma creada
por Cristina Kirchner para administrar los hoteles de El Calafate, donde se
habría montado una estructura de lavado de dinero junto a Lázaro Báez. Incluso,
el organismo llegó a ser allanado por esta causa.
Durante años, Hotesur no presentó a la IGJ sus balances, ni
la integración de su directorio, ni la conformación societaria, pero las
autoridades del organismo nunca pusieron la mira en la firma de la familia
Kirchner. El año pasado, la Justicia le tuvo que ordenar a la IGJ que entregue
información sobre los estados contables de Hotesur y todas las actuaciones
administrativas que existían sobre esa firma.
En 2012, la conducción camporista de la IGJ (en ese momento
en manos de Norberto Berner, después Secretario de Comunicaciones) había fijado
un plazo de un año para obtener información sobre alguna sociedad, y además
dispuso que el solicitante debía demostrar "interés legítimo" para
que el organismo le entregara datos.
Tras la gestión de Berner, la IGJ estuvo en manos de otros
camporistas, primero el ahora diputado nacional Rodolfo Tailhade y luego el
abogado Diego Cormick. Ahora, Macri nombró en ese cargo a Sergio Brodsky, un
abogado radical cercano a Daniel “Tano” Angelici.
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