La jueza Valeria Pérez Casado decidió avanzar con el proceso
de liquidación de activos de la avícola
Pese a las negociaciones entre el Gobierno y los
trabajadores, la avícola Cresta Roja quebró hace minutos.
De esta manera, lo
que viene es un proceso de liquidación de activos que tendrá como fin mantener
la actividad de la compañía y las fuentes de trabajo.
Todo parece indicar que la política se retiró de la mesa de
la contención que muchas veces tuvieron este tipo de conflictos sindicales y
judiciales. Esta vez, sin los fondos públicos que frenen el engranaje procesal,
la justicia comercial no tuvo más opciones que ir por la medida más drástica
que tiene el derecho.
Poco a poco, y sobre todo después de la llegada al poder del
nuevo Gobierno, el camino de la avícola Cresta Roja abandonó la política y
empezó a encuadrarse dentro de la cuestión judicial. Y la jueza actuó como lo
hacen los magistrados ante estos casos.
De acuerdo al decreto, la quiebra no se decreta en el
concurso preventivo sino por un pasivo postconcursal. Esto significa que no
solo los problemas comprenden el pasivo del concurso sino que claramente la
empresa no puede sostenerse y aquel proceso concursal no tiene sentido.
Otra de las consecuencias del fallo es que la jueza puso
orden al proceso, y de esta manera, dió intervención a Poder Ejecutivo en
aquéllo en lo que incumbe a la política: resolver la situación de los
empleados, su situación social, además de pagar los compromisos asumidos.
Las opciones que tuvo la jueza comercial Valeria Pérez
Casado en estos días fueron tres. La primera es que los dueños regularicen los
pagos y presentaran un plan para conformar los acreedores. Luego, aprobación de
por medio, que, una vez aprobado, se cumpla mientras la empresa funciona
normalmente.
La segunda opción fue que aparezca alguien con ganas de
quedarse con las acciones, y la tercera, es la quiebra. No hubo compradores
para la empresa.
La idea de el decreto de quiebra es que se proceda
rápidamente a la venta de los bienes para salvar las fuentes laborales mediante
la continuidad de la explotación comercial. Durante los últimos años, estos
remedios pocas veces se aplicaron. Antes de que se decrete la quiebra, en la
mayoría de los casos, los trabajadores tomaban las plantas, constituían una
cooperativa de trabajo y frenaban los procedimientos judiciales. Luego venía un
sistema de subsidios, pedidos a los proveedores de servicios para que no cobren
las facturas y una situación de hecho que en varias oportunidades se prorrogó
por años. Otras veces, los acreedores se enredaron en los vericuetos de los
expedientes, los empleados perdieron su trabajo y los bienes fueron vendidos
años después como chatarra.
http://www.lanacion.com.ar/
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